El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 345 votos, 14 abstenciones y 37 en contra la minuta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para fomentar la denuncia anónima, agravar las penas y disuadir actos de corrupción por parte de los servidores públicos.

Los cambios prevén pagar recompensas económicas a los ciudadanos que promuevan pruebas sobre funcionarios que cometan actos de corrupción o ilícitos, y la protección de los denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios.

Se establece, además, que en el caso de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la sanción o destitución del cargo; actualmente el máximo de años de inhabilitación son 10.

De última hora, el pleno aceptó una reserva promovida por Luisa María Alcalde Luján (MC) para precisar que tratándose de denuncias anónimas la autoridad deberá confirmar la veracidad de los datos, en cuyo caso iniciará el procedimiento correspondiente.

La modificación propició que la minuta, aprobada inicialmente por los senadores hace tres años, fuera devuelta a la Cámara Alta para una nueva revisión.

Este dictamen sin duda reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas (...) y el combate a la corrupción , explicó Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN).

A nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Baja, la panista amplió que entre los elementos que las autoridades considerarán para individualizar la sanción estará la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.

En el caso de que un servidor público de manera voluntaria haga del conocimiento de las autoridades competentes su responsabilidad o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad de otros funcionarios, antes del inicio del procedimiento disciplinario, se podrán disminuir entre 50 y 70% las sanciones, siempre que no se hayan producido beneficios o lucro, o causado daños o perjuicio.

Las medidas previstas tienen la finalidad de incentivar la denuncia de los servidores públicos que actúan en coordinación con otros funcionarios en la comisión de diferentes irregularidades porque la experiencia demuestra que en muchos casos los actos de corrupción se realizan por redes de funcionarios públicos de manera impune, a través de los años, dentro de las instituciones.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que si bien el Consejo Coordinador Empresarial ha estimado que el costo de la corrupción en el país aproximadamente equivale a 10% del valor total anual de la economía, mecanismos como la denuncia anónima son violatorios de la garantía de debida defensa de los inculpados al restringir su derecho a conocer quién lo acusa.

Y alertó que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las denuncias anónimas no pueden ser reconocidas como pruebas dentro de los procedimientos, sino que únicamente sirven para la investigación.

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