El subsecretario de Derechos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que los familiares de los más de 61,000 personas desaparecidas en el país no están obteniendo la justicia básica para la identificación y el regreso de las personas ausentes. Sostuvo que el gobierno federal trabaja con ese propósito, pero acusó a las Fiscalías estatales de poner “resistencias”.

Al participar en la webinar “Abracemos horizontes ante las desapariciones”, convocada por la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Alejandro Encinas garantizó que no habrá recorte presupuestal este año para la labor de búsqueda de personas.

Indicó que la Federación ha canalizado este año 272 millones 800,000 pesos -de un total de 341 millones que se tienen previstos- para el equipamiento e infraestructura de las comisiones estatales de búsqueda, así como para la identificación de cuerpos personas por parte de las Fiscalías de los estados.

Encinas Rodríguez reconoció que si bien en México hay una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, no hay ninguna sentencia en el país por un caso de desaparición en general.

Durante este evento, Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, afirmó que el fenómeno de la desaparición fue en aumento en el sexenio de Felipe Calderón, continuó en el de Enrique Peña Nieto, y se mantiene en el actual gobierno federal, por lo que se requiere de una política diferente contra drogas para evitar que sigan ocurriendo.

Al respecto, Alejandro Encinas afirmó que hay voluntad del actual gobierno federal para atacar este flagelo. Dijo que no desea crear falsas expectativas sobre el trabajo al final del sexenio, pero refirió que se han dado avances porque ya se ha instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se ha fortalecido a la Comisión exprofeso de la Segob.

Argumentó que ya hay una estructura de comisiones estatales de búsqueda, y el mecanismo extraordinario de identificación forense entrará en fase de implementación. 

Sin embargo, aseveró que en éste último caso, “ahí van a enfrentarse inercias y resistencias por parte de las fiscalías de los estados por reconocer la magnitud del fenómeno”.

“El sólo hecho de hacer público el número de desapariciones, de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados que hemos venido desarrollando en los últimos meses, ha ocasionado reclamos de los gobiernos de los estados que siguen en una lógica de querer minimizar u ocultar el problema. Lo cierto es que nosotros vamos a continuar con estas labores”, sentenció.

Destacó que más del 50% de las fosas que se han localizado en el último año y medio, se ubican en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora y Guerrero, mientras que el mayor número de cuerpos exhumados han sido en Sinaloa, Jalisco y Michoacán, lo que habla de los lugares donde más opera el narcotráfico.   

Alejandro Encinas adelantó que en los próximos días, la Segob dará a conocer la actualización del número personas desaparecidas, localizadas y cuerpos identificadas, lo cual -advirtió-“provocará decepciones por el nivel tal alto que sigue existiendo”.   

El Subsecretario refirió que el gobierno federal trabaja con sus homólogos estatales en un protocolo homologado de búsqueda, identificación y localización, y dijo que aquí también habrá resistencias por parte de los gobiernos estatales.

Aseveró que esas resistencias se justifica en la autonomía que tienen las Fiscalías estatales, lo cual calificó como grave porque no se puede dar rapidez a los trabajos como requieren las familias para la búsqueda en vida.

Alejandro Encinas reconoció que se siguen encontrando fosas clandestinas en el país, pero la identificación no avanza. “El hecho básico de la justicia, que es la identificación y el regreso de las personas con sus familiares, no se está cumpliendo”, refirió.

Admitió como pendientes la integración de una base de datos genética en conjunto con las fiscalías de los estados, “que se mantienen aislados y no están trabajando de manera conjunta”, acusó.

Estimó que para enfrentar el problema de la desaparición, es necesario terminar con la violencia, la impunidad y garantizar que el Estado garantice la seguridad pública y se haga justicia.

Por su parte, Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, dijo que la indolencia de algunas autoridades, como la del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien aseguró que las mujeres desaparecidas reaparecen más tarde con el novio, no ayudan a que las personas denuncien la desaparición.

Indicó que en el actual contexto de la pandemia, las familias de desaparecidos siguen buscando a sus familiares bajo un riesgo de contagio mayor. Es necesario, mencionó, que el gobierno federal apoye a estas personas para su subsistencia.

Refirió que hay más 61,000 personas desaparecidas en México con un registro nacional que todavía no está configurado; “llevamos más de un año y aún no se crea, por la indolencia de autoridades locales que no reportan los casos”, dijo.

Consideró que debe haber un compromiso de los tres niveles de gobierno para que se resuelvan los casos existentes, y ya no aumente el número de desaparecidos.

Mencionó que para este propósito, también se requiere que no sea en cinco años, sino menos el tiempo en el que las Fuerzas Armada sigan realizando tareas de seguridad pública.

Indicó que la desaparición aumentó en el sexenio de Calderón, continuó en el de Peña, y por ello se requiere una política antidrogas diferente para evitar que siga ocurriendo.

Abundó que ha sido basta la influencia que han tenido instancias internacionales en México para sugerir leyes y normas en esta materia, y destacó las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.

Santiago Corcuera señalo que aún hay pendientes como la corrección de la tipificación de desaparición de personas por parte de particulares; y la clasificación de delito de lesa humidad la desaparición forzada; así como el reconocimiento del comité de la ONU para conocer de casos de tortura y desapariciones en México.

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