En los últimos ocho meses, 305 agresiones se han registrado en contra de políticos y sus familiares, un fenómeno que compromete a la gobernabilidad democrática y la competitividad futura del país, señaló el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar.

En entrevista, el director de esta firma especializada en temas de prevención de riesgos pormenorizó que 267 de estas agresiones se cometieron directamente en contra de los políticos y el resto se dirigió a sus familiares.

De este saldo total, de acuerdo con la estadística de la agencia especializada, 93 políticos han sido asesinados, de los que 29 eran precandidatos o aspirantes y  seis candidatos con registro.

Etellekt, que publica su Cuarto Informe de Violencia en México este jueves, da cuenta de que en el último mes se registraron 15 asesinatos de personalidades de la política. Y del 8 de septiembre del 2017 al 8 de abril del 2018, tuvo conocimiento de 78 homicidios.

Con el asesinato del candidato del PRI a diputado local por el distrito 17, Abel Montufar Mendoza, suman ya 21 homicidios registrados en Guerrero, colocando a la entidad en la cabeza de estados con mayor número de estos crímenes.

Los asesinatos se distribuyen en 19 entidades y después de Guerrero, los estados con más muertes violentas de políticos son: Oaxaca (16), Puebla (10), Veracruz (8), Estado de México (7) y Chihuahua (5).

Salazar destacó que en la mayoría de estos seis estados ha habido un cambio relativamente reciente de administración o, como en Veracruz, su gobierno será corto. Los constantes procesos de alternancia generan cierta movilidad de los grupos delictivos que ahí operan, y aprovechan estas situaciones para actuar, explicó Salazar.

También informó que hasta ayer la violencia se concentraba en 222 municipios del país, es decir casi 10% del total.

Asimismo, expuso que los grupos criminales se han concentrado en atacar a los precandidatos.

Rubén Salazar, director de Etellekt, advirtió que la violencia política en el resto del proceso electoral se centrará en amenazas, en particular, mediante redes sociales. Hasta el 8 de mayo había evidencia de 90 políticos bajo intimidación.

A través de las amenazas y actos de intimidación “se generan acciones de terror, sobre todo psicológico, no sólo contra los candidatos, sino contra sus círculos cercanos, con objeto de obligarlos”.

El especialista advirtió que “ello no habla bien de la democracia mexicana, tampoco de las autoridades en dejar pasar ese tipo de situaciones”.

Esta “histórica estadística”, dijo Salazar, no contribuye a una gobernabilidad democrática y golpea la competitividad futura del país. Señaló que “el corolario de todo esto es la impunidad”, pues no hay ningún caso emblemático de detención de los responsables de alguno de estos asesinatos.

Asesinatos de ediles

Los alcaldes en el país tienen al menos 12 veces más probabilidad de ser asesinados que el resto de la ciudadanía, de acuerdo con un estudio de la investigadora Laura Y. Calderón, publicado a inicios del año en curso por el proyecto Justice in México de la Universidad de San Diego, California.

El conjunto de datos de este proyecto incluye el asesinato de 152 ediles, candidatos y exalcaldes asesinados entre el 2000 y 2017, con 14 víctimas en el 2015; seis en el 2016 y 21 en el 2017. En total, nueve alcaldes en funciones fueron asesinados el año pasado.

En el documento “Análisis de Asesinatos de Alcaldes 2000-17”, Laura Y. Calderón concluye que una prioridad principal para países como México debería ser crear una influencia para los estados y municipios, ya que esta disparidad contribuye a generar mayores desigualdades sociales y mayores niveles de violencia que toca a funcionarios electos.

Para la especialista es importante fomentar una mejor distribución de los recursos para reducir las disparidades y dificultar que las organizaciones de tráfico de drogas superen los recursos de un municipio.

Asimismo, sugiere la  creación de incentivos agrícolas. “Sin embargo, los métodos para hacerlo deben implementarse cuidadosamente, reconociendo el grave problema de narcóticos que atraviesa el país y la larga historia de cultivos ilegales que México ha experimentado”.

Por ello, deberían otorgarse incentivos agrícolas para alejarse de las plantaciones ilegales, ya que muchas de las personas dedicadas a ellas ven sus cultivos como cualquier otra planta y están en el negocio porque necesitan una forma estable de empleo.

A través de la investigación, la estudiosa encontró que los  exediles representaron 43% del total de las víctimas del 2002 al 2017. “Las razones por las que los antiguos alcaldes están siendo blanco de ataques aún no están claras”.

“Tener una mejor comprensión de las tendencias de tiempo y geografía para los homicidios oficiales electos en México proporciona una base para estrategias de seguridad informadas con el fin de reducir las tasas de homicidios, apuntando a los principales puntos de acceso donde los alcaldes están en mayor riesgo.

“Además, permite una mejor comprensión de la ola de violencia relacionada con las drogas que el país está experimentando”, sugirió la especialista en la pesquisa de Justice in Mexico.

Protocolos de seguridad, para los alcaldes del país

Los alcaldes han solicitado una línea directa con autoridades federales y la Secretaría de Gobernación (Segob) con el objetivo de que su seguridad sea resguardada, recordó Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac).

La medida requerida, precisó el alcalde del PAN a El Economista, pertenece al protocolo de seguridad en el cual están trabajando, además de la Anac, las diferentes asociaciones de alcaldes en México como la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conam), entre otras, con la Secretaría de Gobernación.

“El protocolo va avanzando (...) una parte importante del protocolo es tener un teléfono directo a la Secretaría de Gobernación para que si un alcalde se siente amenazado, tiene alguna información que se puede atentar contra su vida, puedan inmediatamente intervenir las Fuerzas Federales a resguardarlo y poder salvar su vida”, dijo Vargas.

El munícipe enfatizó que el resguardo al que sean sujetos los alcaldes que así lo soliciten debe ser federal para que sean las autoridades de este nivel de gobierno las que se comuniquen directamente con los estados a los que pertenece el edil que solicita.

“Lo que nosotros estamos pidiendo (es) que sea directamente con la Federación”, enfatizó el edil.

Ante la pregunta expresa de por qué la comunicación no es directa con las autoridades del estado al que pertenecen los alcaldes, Vargas del Villar indicó que “la coordinación tiene que ser de los tres niveles de gobierno, pero el que debe coordinar es la Federación”.

Sobre si han tenido alguna plática con algún gobernador del país para que se integre a los trabajos en la creación del protocolo de seguridad para los alcaldes, el presidente municipal de Huixquilucan, en el Edomex, refirió que no se ha entablado contacto hasta el momento ya que, dijo, se pretende que la comunicación sea de manera directa con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Vargas del Villar reiteró que no se tiene una fecha específica para la creación del protocolo, no obstante, precisó que se espera que esté listo antes de que termine el actual proceso electoral.

“No hay fecha límite, se está trabajando y cuando lo tengamos inmediatamente se los anunciamos (...) estamos esperando que salga antes del 1 de julio para que los alcaldes lo puedan implementar inmediatamente”, dijo.

El alcalde mexiquense opinó que los asesinatos de ediles en México, si bien “no todos los casos son iguales”, la mayoría tiene una relación con el crimen organizado y los mensajes que dan para poder seguir controlando una parte del territorio en el que actúan.

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