La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguraron que el expediente en contra de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. está cerrado, y sólo podría reabrirse en caso de que se encontraran evidencias sobre los contratos signados. Está cerrado para nosotros lo que está en los años pasados (al 2006). Están los informes, lo que alcanzó la planeación y la muestra revisada y lo que está incluyendo los informes. Lo que está en seguimiento es lo que pudiera seguir vivo , afirmó Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación.

Sin embargo, Olivas dijo que por cuestión legal la SFP no puede informar en este momento si abrirá o no nuevas investigaciones en contra de la empresa.

Olivas Ugalde detalló que la SFP investigó ya los nueve contratos que tenía la empresa con Pemex, y determinó la inhabilitación por 21 meses a Oceanografía por diversas irregularidades, por lo que al no haber contratos posteriores el caso está cerrado. Está cerrado lo de la investigación de las fianzas. Está cerrada con la sanción , dijo. Por su parte, Portal aseguró que es complicado para la ASF determinar posible tráfico de influencias por parte de ex funcionarios de Pemex, como Juan Bueno Torio y César Nava, a quienes se les relaciona con la entrega de contratos a Oceanografía S.A. de C.V. durante su gestión.

Añadió que la Auditoría revisa gastos y no actuación de personas. Es muy complicado para nosotros determinar tanto lo que corresponde a corrupción como cohecho. ¿Cómo demuestra uno que un servidor público recibió dinero? Ninguna de las dos partes lo va a aceptar. Nosotros tenemos que basar nuestros comentarios únicamente en evidencias suficientes, que es documentación factible, y verificamos. De esa manera nosotros podemos llegar a encontrar facturas apócrifas, pero ahí sí lo podemos documentar, pero otra forma de corrupción, como pudiera ser el tráfico de influencias, es muy complicado. ¿Quién los firmó (los contratos)? Solamente contra ellos pudiéramos tener la posibilidad de promover responsabilidades administrativas , detalló Portal.

Finalmente, el encargado de despacho de la SFP aseguró que en caso de que alguna entidad federal haya signado un contrato con Oceanografía después de su inhabilitación sería sancionado. Ningún contrato posterior. La inhabilitación en la fecha que se publicó en el Diario Oficial impide cualquier contrato en la administración pública federal, y si alguien hiciera una adjudicación sería indebida y sería sancionado .

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