El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores acordó una agenda de 20 temas prioritarios a aprobar en el periodo ordinario de sesiones que inició el sábado pasado y terminará el 30 de abril, como las leyes secundarias en materia político-electoral, energética, telecomunicaciones, y de seguridad social relacionadas con la pensión universal y el seguro de desempleo.

La reforma política del DF, los cambios secundarios en materia de transparencia y combate a la corrupción, de derechos humanos y para reglamentar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, también están entre sus asuntos en agenda.

El coordinador de los senadores priístas detalló que la agenda, que incluye el desarrollo de la legislación que deriva de las recientes reformas constitucionales, permitirá seguir avanzando en la consolidación de los acuerdos necesarios .

El nombramiento de los comisionados del nuevo órgano que sustituirá al IFAI y las ratificaciones que la ley establezca se incluyeron como parte de la agenda legislativa de los senadores priístas.

Las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera de estados y municipios, de arraigo y para facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales para las personas con discapacidad y adultos mayores fueron catalogadas como prioritarias.

Por lo que se refiere a las reformas secundarias en materia político-electoral, se programó la expedición de la Ley de Partidos Políticos, Ley de Derecho de Réplica, Ley de Procedimientos Electorales y Ley de Organismos Electorales, entre otras.

La reglamentación de las cartas ciudadanas, iniciativa ciudadana, consulta popular y candidaturas independientes también están incluidos en los temas a desahogar antes del último día de abril próximo.

Los senadores priístas acordaron poner énfasis en el paquete del que forman parte la reforma política del Distrito Federal, así como los cambios secundarios en materia de transparencia, de trata de personas y atención a víctimas, así como en materia de combate a la corrupción.

La reforma profunda al campo y a la política alimentaria, los cambios en materia de regulación del sistema penitenciario, de mando y certificación de los cuerpos policíacos y la aprobación de la ley general de prevención y tratamiento de adicciones y de la nueva ley de registros públicos completan el listado de pendientes.

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