El congreso de Tabasco, con mayoría de legisladores de Morena, avanzó en la aprobación de una ley que busca sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes realicen bloqueos perjudicando el patrimonio de terceros, así como al impedimento de la ejecución de trabajos u obras privadas en el estado.

El pasado viernes la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó con tres votos a favor y uno en contra la iniciativa enviada por el gobernador del estado Adán Augusto López Hernández que pretende reformar los artículos 299, 306, 307 y 308 y a la adición del artículo 196 Bis y del artículo 308 Bis al Código Penal de la entidad.

La presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso estatal, la diputada de Morena Julia Pardo Contreras, argumentó que la nueva medida “pretende meter un orden en donde las cosas que son justas se hagan y se están aumentado penas de 10 a 20 años para aquellos que este cometiendo delitos”.

Asimismo, la iniciativa pretende sancionar a los funcionarios o exfuncionarios que cometan estos delitos con entre cinco y 10 años de inhabilitación para desempeñarse en las actividades de la administración pública.

Por otra parte, establece que se sancionará a aquellas personas que impidan o traten de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras públicas con prisión de seis a 13 años y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“Muchas veces se va a hace una obra y se tratan de tapar vías de comunicación en donde se está perjudicando a terceras personas que nada tienen que ver en el conflicto. Lo que queremos es una legalidad, un Estado de Derecho, y creo que ya es tiempo de ir metiendo orden”, defendió la legisladora.

Por su parte la diputada del PRI Ingrid Rosas Pantoja advirtió que la iniciativa no aplicará exclusivamente para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos.

“Por lo elevado de las penas, se usarán como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal o municipal, o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”.