Con el fin de constituir un registro público para fiscalizar el gasto federalizado en materia de desarrollo social que ejercen los gobiernos federal, estatal y municipal, se creará el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios.

En la Cámara de Diputados trabajan en concretar, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, a partir del próximo 1 de febrero, el compromiso 10 del Adéndum al Pacto por México, signado a mediados del año pasado a iniciativa de los partidos políticos de oposición al PRI, para crear el Sistema Nacional de Programas Sociales que permita combatir con mayor eficacia la pobreza.

Se pretende, además, evitar las duplicidades, los subsidios regresivos y establecer evaluaciones permanentes, transparencia integral, así como la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales.

Beatriz Zavala Peniche (PAN), ex secretaria de Desarrollo Social del 2006 al 2008 e integrante de la comisión del ramo de la Cámara Baja, es una de las legisladoras que trabaja ya en el tema y promueve la creación del padrón único de beneficiarios de los programas sociales que se financian con recursos federales, pues asegura que en los estados se utiliza el dinero a discreción con fines políticos, electorales, personales o comerciales por parte de los gobernadores.

Según el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, explicó, uno de los retos más apremiantes de la política social, y sobre el que debe trabajarse de manera prioritaria, es la falta de coordinación intergubernamental y la consecuente duplicidad de programas.

Existen 273 programas y acciones federales relacionados con derechos sociales y 2,391 en el ámbito estatal, abundó Zavala Peniche, y no se cuenta con un registro nacional de beneficiarios que permita un alineamiento claro y estratégico de la política social.

De ahí la necesidad, continuó, de normar los criterios en la materia para que dicho registro no se realice de manera discrecional y contenga los elementos indispensables para su operación de manera transparente y con la prohibición expresa de que no sea utilizado con fines políticos, electorales o comerciales.

Sólo de esa manera podremos articular una estrategia nacional de desarrollo social que sea integral y complementaria, con el fin de que, sumando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, se pueda superar el rezago social, la pobreza y la marginación .

A la fecha, comentó, una proporción importante del gasto en desarrollo social está descentralizado y en los últimos años los estados y municipios han recibido en promedio más de 1 billón de pesos por concepto de gasto federalizado y, sin embargo, la información sobre los indicadores de desempeño presenta graves carencias porque no todos los estados y municipios reportan el cumplimiento de sus metas, ni el avance en el ejercicio de los recursos. Una vez creado el referido sistema, concluyó la yucateca, se contará con una herramienta de información y análisis de cobertura nacional.

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