Eliminar financiamiento público implicaría un retroceso de 40 años y el debilitamiento de la democracia, declaró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en el Foro Política y elecciones en México: cuatro décadas de logros y desafíos, convocado por el órgano colegiado y la UNAM.  

 

A su parecer, esta figura por lo menos tiene tres funciones en el sistema electoral:

“Equidad en las condiciones de la competencia, transparencia al saber de dónde vienen con precisión, la mayoría de los recursos de que disponen los partidos políticos y tres, aumentar el grado de autonomía respecto de la dependencia que inevitablemente genera el financiamiento privado”.

 

Santiago Nieto, titular de la Fepade, en entrevista coincidió  que el financiamiento público es fundamental para procurar la equidad en los comicios y el riesgo de eliminarlo es que aumente el desvío de recursos.  

 

"En razón de la experiencia reciente en la Fepade, esto es un error, es un discurso fácil, irresponsable, señalar que se debe suprimirse el financiamiento público en los partidos políticos”, dijo.

 

En su exposición en el panel, el fiscal electoral también agregó que en los últimos años, los delitos investigados por la dependencia que él conduce aumentan, -recalcó que por lo menos  Estado de México y Coahuila se vio una tendencia al alza en este año y agregó que esto es síntoma de una tendencia a que ante conductas de corrupción la respuesta es la impunidad.

 

Y ejemplificó:

“Tengo un caso, que es muy famoso, de una empresa brasileña, donde una de las personas involucradas en el proceso me envía una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia (…) Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, el planteamiento de: ‘soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar'”.

 

Por su parte, el consejero Ciro Murayama agregó que poder poner fin al financiamiento irregular rebasa las tareas de la autoridad electoral y también conllevan responsabilidad de auditorías, contralorías y el propio Congreso.

 

“No hay control del ejercicio de los recursos públicos, no hay control; si no combatimos la corrupción en el ejercicio del poder, el origen del dinero mal habido va a seguir corriendo”.

 

En la ruta del financiamiento a los partidos, Murayama también se pronunció sobre la propuesta del legislador jalisciense Pedro Kumamoto Sin dinero no hay dinero sobre lo que dijo “hay opiniones que no son respetables” en el debate democrático; sobre la propuesta del diputado dijo, se resume a una  “mercantilización del voto”.

 

Como parte del debate de quitar financiamiento público luego de la emergencia del 19 de septiembre, también los partidos se comprometieron a renunciar a parte de sus prerrogativas, hasta el momento cuatro institutos político lo han hecho vía la propuesta del INE de retención de ministraciones y su posterior devolución a la tesorería de la federación.

 

Según detalló Lorenzo Córdova, en el INE aún no saben de otra ruta legal para que ese dinero pueda usarse sin violar la ley, pero dijo confía en que los partidos no llevarán hacia el uso de dádivas pues sería un tema delicado y minaría la confianza entrado el proceso.

 

“No asumo que haya un ánimo de lucro político (…) esto sería muy delicado, porque alejaría al sistema de partidos de la cercanía que se requiere de cara a una elección por parte de la ciudadanía”, dijo.

En ese sentido, luego de su participación, el fiscal dijo que este tema de fideicomisos la Fepade se mantendrá vigilante, dado que a la fecha la ruta de ese dinero no pueda volverse en un uso partidista.

 

 Delimitan competencias 

 

En el mismo Foro participó como una de las voces inaugurales Janine Otalora, presidenta magistrada del TEPJF, quien  exhortó a las autoridades electorales a tomar el papel que la Constitución y las leyes electorales le mandatan y sumó que no es tiempo para que entren a polemizar, pues refirió que de ante los retos del 2018 les corresponde fortalecer la confianza ciudadana al garantizar la legitimidad de la triada de la democracia.

 

“Debemos cuidar nuestras instituciones especialmente en contextos de encono político, cuando la única ruta de salvamento para el orden constitucional radica en que las autoridades, jurisdiccionales o no, se abstengan de sumarse a la politización del litigio, eviten incorporarse al debate social que, en paralelo, corre junto con las determinaciones formales de los procesos electorales”, subrayó. 

 

“En esto, el Tribunal Electoral reconoce la importancia de la autonomía de las demás autoridades electorales (…) Sin embargo, en este andamiaje el Tribunal Electoral es el garante de constitucionalidad y legalidad y ésta no puede estar sujeta a otras consideraciones”, resaltó. 

 

También, Córdova al cuestionársele, primero la manera en que el tribunal calificó y se pronunció sobre la fiscalización en Coahuila y luego el desechar los tres conjuntos de lineamientos con los que el INE iba a regular el próximo año y sobre los cuáles el trife les negó competencia.

 

“El Tribunal es el que tiene la última palabra en materia electoral”, dijo Córdova.

Sobre los lineamientos que uno a uno el TEPJF echó abajo:  

 “El Tribunal Electoral ha dicho que eso no le corresponde al INE, sino al legislador, lástima que el legislador siga en una posición de omisión frente a lo que dice la Constitución (…) Hay una omisión constitucional, no lo digo yo, pues está ahí, la Constitución mandataba desde hace 10 años, como se ha comentado el día de hoy, emitir una ley reglamentaria, alguien no hizo su trabajo, hoy el INE a pesar de que alguien no hizo su trabajo pues va a ser la garantía, el ancla de estabilidad que requiere la sociedad”, agregó Córdova.