El reto número uno del gobierno para el próximo año es la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, afirmó la directora general de México Evalúa, Edna Jaime.

En entrevista consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está optando por una salida falsa al entregarle a los militares el control operativo de la estrategia de seguridad y porque no se apuesta por el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las policías locales y de todo el aparato de justicia civil.

—¿Cuáles son los retos del país para el 2019?

—México tiene un reto muy importante en materia de seguridad. Si bien todavía no se tienen las cifras de indicadores de violencia de 2018, si la tendencia de sostiene, habremos terminado el año con cerca de 35,000 asesinatos.

Eso quiere decir que en México estamos en una crisis muy fuerte de violencia y yo creo que es el reto número uno para el próximo año para el gobierno.

Me parece que se está optando por una salida falsa. El que ya los militares tengan el control operativo y la responsabilidad de la seguridad me parece que no augura una estrategia exitosa porque hemos tenido esto durante los últimos 12 años en el país.

Será muy importante que en algún momento el presidente rectifique y ponga su atención y su liderazgo en el fortalecimiento de la vía civil. Estoy hablando de policías, de todo el aparato de justicia civil, porque prolongar indefinidamente la presencia de militares en tareas de seguridad simplemente nos asegura que no vamos a construir capacidades civiles. Y eso es gravísimo.

—¿Qué es lo que aprendimos de la experiencia de este año que termina y del sexenio que terminó sobre la forma de solucionar los problemas públicos?

—El acabar este año con más de 35,000 asesinatos y si hacemos la suma de todos los homicidios dolosos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la conclusión es que descuidaron el tema.

No creo que le hayan puesto atención. Pensaron que el tema se resolvería solo. Cuando asumieron el poder, la tasa de homicidios venía en descenso, entonces pensaron que ya estábamos en otra fase de la problemática.

Yo creo que el Estado mexicano tiene distintos instrumentos para hacer frente al problema y creo que no se utilizaron o se utilizaron mal.

El riesgo que podemos afrontar es que, otra vez, los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para hacer frente a este fenómeno no se utilicen bien.

Desde México Evalúa creemos que hay que entender la seguridad  utilizando instrumentos que tienen que ver con prevención, no solamente la respuesta reactiva. Necesitamos fortalecer los gobiernos estatales y locales y hacerlos corresponsables en la construcción de seguridad.

Se están tomando decisiones que corren en sentido contrario. Entonces sí me preocupa que el Estado mexicano no esté utilizando todos sus instrumentos. No hay un peso para prevención del delito porque la prevención del delito se entiende de manera diferente: se entiende como política social, y no es lo mismo.

—Entonces, ¿el problema es que no le estamos apostando al desarrollo de instituciones?

—Eso me parece muy claro. Así como no vemos que haya una apuesta por construir, por fortalecer capacidades en las instituciones civiles en materia de seguridad y justicia, tampoco lo veo en otros ámbitos.

Por ejemplo, en el tema anticorrupción, el presidente López Obrador en ningún momento ha hecho referencia al Sistema Nacional Anticorrupción. No lo he visto nunca esgrimir un argumento que apele a las instituciones del Estado mexicano que tienen funciones anticorrupción.

Él tiene sus propios remedios. Uno de ellos es centralizar toda la compra pública, la contratación en la Secretaría de Hacienda. Es poner en los órganos internos de control de las secretarías y en las oficialías mayores a gente de su confianza. Ésa es la ruta que él considera que va a ser efectiva de combate a la corrupción. O sea, su círculo cercano, su gente de confianza en los puntos sensibles, en los puntos de riesgo en materia de corrupción.

Puede ser que le resulte la apuesta, pero puede ser que no. Controlar el aparato gubernamental con toda su complejidad va a ser imposible. Necesitamos la coordinación de distintas instituciones haciendo un trabajo de fiscalización, de control para realmente promover conductas honestas dentro de la administración pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claro cuáles son sus proyectos. Son los que prometió en campaña cuando buscaba la Presidencia de la República.

La única propuesta que ha sido sorpresa hasta ahora es la Guardia Nacional. No me esperaba que esta fuera a ser la propuesta de un presidente de izquierda que además en la campaña estuvo hablando de pacificación, de reconciliación, de justicia transicional y al final nos salió con una propuesta de militarizar la seguridad.

—¿Cómo observa las condiciones para construir una agenda entre las organizaciones de la sociedad civil y el nuevo gobierno?

—Nosotros vamos a seguir haciendo lo que establece nuestro mandato que es la evaluación de políticas públicas como lo hicimos desde la fundación de México Evalúa, que fue alrededor del tercer año de gobierno de Felipe Calderón. Lo hicimos con el presidente Enrique Peña Nieto y lo haremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tenemos por qué cambiar nuestro mandato.

—¿Cuáles son las implicaciones de tomar decisiones de políticas públicas no con base en evidencia y bien informado?

—Pues tener un fracaso en las políticas públicas que nos va a costar a los mexicanos. Por ejemplo, los programas estelares de esta administración como la pensión a adultos mayores, el programa para jóvenes. Sobre todo, el programa para jóvenes porque el otro es un mecanismo de protección social que es bienvenido, pero hay que ver si realmente el programa de jóvenes cambia la vida a los jóvenes. Que no sea nada más una política que les va a dar una transferencia monetaria, porque eso es. Si van a ser contratados por empresas y que después de este año no logremos nada sustantivo en las capacidades de estas personas para que se inicien exitosamente en los mercados laborales para que encuentren un camino distinto en su trayectoria de vida.

Entonces sí hay que evaluarlos. Primero hay que diseñar bien la política pública y en el propio diseño tienen que considerarse los mecanismos de su evaluación.

No sé qué tan bien esté sustentado este programa para jóvenes, pero vamos a poder dar seguimiento a estas políticas. Me preocupa mucho que los proyectos de inversión en infraestructura física estén en el sector energético. Yo creo que corremos el riesgo de destruir valor en lugar de crear valor.

Me preocupa también que los proyectos de infraestructura como el Tren Maya se inicien sin estar adecuadamente preparados sin tener estudios de rentabilidad, sin que esté el estudio de impacto ambiental, sin que esté el proyecto ejecutivo concluido porque ya conocemos las consecuencias de eso:  sobrecostos, tiempos de entrega que se retrasan mucho, y esperamos en esta administración procesos competidos, licitaciones con buen nivel de rivalidad.

Sería muy decepcionante encontrar en este nuevo gobierno que usa mecanismos excepcionales como la adjudicación directa, la contratación entre entes públicos. Sería muy decepcionante ver lo mismo que otras organizaciones que abusaron de estos instrumentos excepcionales que se convirtieron más bien en la norma y no en la excepción.

—¿Gusta usted agregar algo?

—Esperemos que estos seis años sirvan para construir democracia y no demoler democracia.

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