El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado acciones contundentes contra actos de corrupción, pero de la administración pasada, lo cual podría considerarse como uso político del combate a la corrupción, señaló Isaak Pacheco, investigador de la organización civil Ethos.

Dijo que esa situación es grave porque mediáticamente eso puede ser plausible, pero, en el fondo mina justo las bases de la democracia.

En su opinión, la estrategia actual del gobierno federal no elimina la corrupción sistémica, porque hasta politiza el combate a ese fenómeno social.

El presidente está satisfaciendo el gusto de muchos mexicanos porque está en todos los medios día a día demostrando que está haciendo acciones en contra de gente corrupta de la administración pasada, pero piensa en el combate a la corrupción hecho desde instancias públicas que él controla directamente, indicó.

El especialista mencionó que es preocupante que el presidente descalifique al SNA, mientras se dan casos de “fuego amigo” desde la propia Secretaría de la Función Pública.

También comentó que el presidente no ha querido tener un embate tan directo contra el SNA porque advierte que hay todo un capital social que lo respalda y atacarlo le podría significar un costo político,

“Sin embargo, sí está siguiendo la ruta de que yo sigo, yo ni los pelo, yo me voy solito, con mi propia agenda de combate a la corrupción, con mis propios medios y voy haciendo combate a la corrupción en los bueyes de mi compadre, contra la oposición, contra mis detractores”.

Asimismo, mostró su preocupación por lo que llamó cambios legales dañinos al sistema político democrático, amparados en la idea de querer combatir la corrupción.

Concretamente se refirió a las modificaciones al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, entre ellos el uso de programas sociales con fines electorales y la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Dijo que eso representa un riesgo porque, desde el gobierno, “se pueden armar” casos, supuestamente de corrupción, para atacar a enemigos políticos.

En el mismo sentido opinó de la aprobación para castigar el uso de facturas falsas, dándole un trato como si fuera delincuencia organizada.

Esto, “una vez más, abre la puerta a que pueda ser un golpe a la oposición que pudiera organizarse desde la iniciativa privada”.

El investigador opinó que es necesario fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, propuso replantear los procesos de designación de autoridades de ese entramado institucional.

Mencionó que el objetivo es asegurarnos de contar con la gente que tenga probada capacidad técnica en esos temas y la capacidad necesaria para ejercer las funciones del cargo.

Para ello, añadió, deben robustecerse los requisitos inscritos en las convocatorias a esos cargos.

El objetivo, agregó, es terminar con un fenómeno que ocurre actualmente que es que varios de los sistemas estatales anticorrupción están “capturados” por los gobernadores.

[email protected]