En regiones del país que padecen una alta penetración de organizaciones de la delincuencia organizada, el tránsito por las carreteras se ha vuelto peligroso, porque en cualquier momento, los transeúntes pueden ser halconeados, extorsionados y privados de su libertad o hasta confundidos con delincuentes y, consecuentemente, atacados, afirmó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Legalidad y Justicia, Francisco Rivas Rodríguez.

En entrevista, dijo que en los caminos mexicanos hay tres tipos de problemas relacionados con la inseguridad.

El primero es el robo al autotransporte de carga. En este caso es posible identificar claramente tramos carreteros de Guanajuato, Veracruz, Puebla, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, principalmente.

Luego, la generada por problemas derivadas de ingobernabilidad. Puso como ejemplo comunidades de Oaxaca, Guerreo y Chiapas, donde, de repente, integrantes de ciertas poblaciones impiden la circulación o bien exigen el pago de dinero a cambio de dejar pasar a las personas y automóviles.

Además, hay regiones donde, debido a la alta presencia de organizaciones de la delincuencia organizada, se generan condiciones de alta inseguridad en las autopistas.

Eso ocurre principalmente en ciertas regiones de Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero y Jalisco.

Aclaró que lo común es que las operaciones de organizaciones de narcotraficantes ocurren en poblaciones y hay muchas que están controladas por ellos, pero eso no excluye que también se puedan dar en las carreteras y derivar en enfrentamientos o ataques entre grupos rivales. Eso, consecuentemente, genera inseguridad para el ciudadano común.

Indicó que esa situación ha propiciado que personas hayan sido víctimas de la violencia de los grupos de la delincuencia, ya sea porque no identificaron a un vehículo o porque pensaron que se trataba de otra persona.

Lo grave, añadió, es que ese tipo de situaciones no se resuelven aisladamente. El problema va en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada y eso significa que el Estado vaya recuperando paulatinamente esos espacios perdidos.

Se necesita inteligencia y estrategia

Por ello, añadió, hay que pegarles en el bolsillo a los delincuentes y realizar labores de inteligencia, para entender cómo funcionan las redes de corrupción que les permite subsistir y por ello minimizan la capacidad que ellos pueden tener de controlar los territorios.

Se necesita un programa muy específico de fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia y, en ese sentido, un plan muy claro de combate a la delincuencia organizada, con un adecuado sistema de reinserción social.

Para actuar contra esas organizaciones, añadió, es muy importante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero en estos momentos no se da abasto, además de que, en muchos casos, está más concentrada en combatir adversarios políticos del gobierno que en hacer las tareas que le corresponden.

El experto en estos temas llamó la atención en que el gobierno federal no cuenta con una estrategia para generar condiciones de seguridad en el país y, en cambio, ha incurrido en una serie de errores graves.

Concretamente dijo que, si bien es muy importante que existan programas sociales que atiendan a la pobreza y la marginación, pero, recalcó que no hay evidencia de que la pobreza sea el factor determinante que ha impulsado la violencia.

Hasta ahora, continuó, no tenemos un plan más allá de las transferencias económicas para combatir la marginación, porque hoy se destinan más recursos para los llamados ninis, pero no necesariamente atiende a esas zonas donde los jóvenes sí pueden caer en temas de delincuencia.

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