No es que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esté en contra de la generación de electricidad utilizando fuentes renovables de energía como la eólica o solar, desafortunadamente la nueva administración federal basa su política energética en posicionamientos solo de carácter ideológicos, aseveró el director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México, Adrián Fernández Bremauntz.

En entrevista, el reconocido científico, experto en ciencias ambientales, dijo que son planteamientos que no tienen sustento de racionalidad económica, además de que no toman en cuenta que, desde la parte ambiental y climática, también hay imperativos que no se pueden desconocer.

México no puede quedar como un país aislado, diferente a todos los demás. Nadie más está haciendo lo que hace este gobierno. Es una vergüenza, mencionó.

El especialista subrayó que la actual administración federal no tiene problema con las tecnologías que usan fuentes renovables para producir energía “ellos tienen problema con los empresarios. No quieren que los privados participen en la generación de energía y si, además, se trata de empresarios extranjeros, lo toman como un agravante”.

Desde su perspectiva el gobierno actual parte de un posicionamiento ideológico porque lo que quieren es una “soberanía energética”, cuando el mundo habla de “seguridad energética”.

Dicen “queremos rescatar la industria eléctrica de las manos privadas para que vuelva a ser el Estado el que tenga la predominancia del manejo del sector eléctrico”. 

Como Estado ya no puede ser un monopolio en esta área, lo que buscan es limitar la participación del sector privado, pero lo grave es que sus acciones no tienen sustento en ningún análisis técnico. Por eso pusieron un tope de 46% en la generación privada de energía y se pusieron un piso mínimo a la generación de energía por parte del gobierno de 54%, abundó.

Vamos a tener energía eléctrica más cara y más contaminación

Para el investigador, lo grave es que la consecuencia de eso es que vamos a tener energía eléctrica más cara y con mayor contaminación en su generación. “Los privados no solo han demostrado que pueden generar energía más barata con fuentes renovables, sino que así se comprometieron en las subastas públicas que se lograron hacer al implementar la reforma energética de 2013 y la entrada en vigor de Ley de Transición Energética de 2015”, dijo.

“El gobierno dice no me gusta el vendedor entonces yo produzco la electricidad, aunque me cueste cuatro o cinco veces más. No hay ninguna racionalidad económica en ello”, recalcó el científico.

Dijo que lo grave es que hay empresas que invirtieron en México para generar electricidad con energía renovable y están listos para empezar pruebas, pero el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) intentó darles un portazo en la cara al decirle no vamos a hacer pruebas porque su manera de generar energía provoca una inestabilidad en el sistema de distribución, y genera un riesgo, lo cual además no es cierto, pues los adelantos tecnológicos permiten evitar eso.

También llamó la atención que, a escala internacional, con el confinamiento como medida para contener la pandemia del Covid-19, ha bajado la demanda de consumo eléctrico y los generadores de energía renovable han incrementado su participación y han parado algunas centrales eléctricas que usan energías fósiles como el combustóleo y el carbón.

En tanto, continuó, en México, lo que está ocurriendo es que las autoridades están saliendo a defender sus acciones con argumentaciones técnicas falsas, como la que asegura que las generadoras de energía limpias ponen en riesgo al sistema por la inestabilidad en sus ciclos de producción.

Todo apuntaba hacia un buen destino

El especialista relató el proceso iniciado hacia algunos años en el sector eléctrico mexicano que apuntaba hacia la sustitución de combustibles fósiles para generar energía, el cual ahora se ha truncado.

Dijo que la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 tuvo como objetivo poner reglas claras y transparentes y permitir oficialmente la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, en el sector energético.

Lo que hizo fue formalizar lo que ya ocurría, pues desde hace más de 20 años invertían los privados en el sector eléctrico nacional, pero nada más que a través de esquemas muy exitosos para hacer parecer que no era el sector privado.       

Sin embargo, destacó que esa modificación al marco legal en que se desarrolla el sector no fue, en lo absoluto, una reforma verde.  Por ello fueron las organizaciones de la sociedad civil las que promovieron en el Congreso de la Unión la elaboración de la Ley de Transición Energética que establece una serie de metas crecientes de participación de energías limpias en la matriz de generación eléctrica del país.

El objetivo era llegar de manera paulatina hasta llegar a 35% de energía limpia en la matriz energética para 2024. Hoy es de alrededor del 7 por ciento.

Por ello, a partir de 2016 la Secretaría de Energía y la CFE arrancaron las subastas, pero sólo se alcanzaron a concretar tres.

Hasta ahí iba todo bien, Parecía que México tomaba el camino que el resto del mundo: puso metas, sacó licitaciones y las subastas dieron como resultado docenas de proyectos que ganaron sus concursos y se comprometieron a construir parques eólicos y solares y a ofertar ciertos volúmenes de electricidad a precios que son muy competitivos.

Sin embargo, cambió la administración y la autoridad pretende cambiar las reglas del juego con las consecuencias que ello traerá.

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