El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la sentencia emitida la semana pasada sobre la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito que permite que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite información financiera y bancaria sin una orden judicial.

Con una mayoría de siete votos, las y los ministros aceptaron los desistimientos del Ministerio Público Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto de los recursos de revisión interpuestos en contra de una sentencia de amparo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I de la norma antes mencionada.

Dicho articulado establece que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar información financiera, sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General) o el servidor público en quien delegue facultades, para la comprobación del presunto delito y de la probable responsabilidad del imputado.

El pasado jueves la Corte estableció que es necesaria la orden de un juez, para que las autoridades investigadoras puedan obtener información financiera de una persona.

Ello al considerar que al no contar con una orden judicial se irrumpe en la vida privada del imputado.

Cabe destacar que si la Corte hubiera declarado formalmente la inconstitucionalidad de este artículo, las personas procesadas podrían haberse amparado al argumentar que las pruebas bancarias usadas en su contra estaban fuera de la ley. Aunque un tema que se había dejado pendiente por parte de los ministros era si se aplicaría de manera retroactiva esta disposición.

El ministro presidente Arturo Zaldívar consideró que una votación no es definitiva hasta que no cause ejecutoria la sentencia y aseguró que, en su experiencia en la Suprema Corte, las votaciones cambian.

“Me parece que un asunto no está votado en definitiva hasta que no se hace la declaratoria de que el asunto ha sido votado, y si en esta declaratoria no se ha hecho, me parece que las partes tienen el derecho de desistirse de sus recursos, ¿por estrategia? Sí, por estrategia”.

Por otra parte, el Alto Tribunal analizó la constitucionalidad del artículo 109, fracción V del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que será sancionado con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal quien sea responsable por no presentar por más de 12 meses las declaraciones definitivas, dejando de pagar la contribución correspondiente.

El pleno adelantó que próximamente precisará si para que se configure dicho delito es necesario que el contribuyente omita presentar por más de 12 meses, tanto las declaraciones que tengan carácter de definitivas, como las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente, o si basta con que se actualice sólo uno de esos supuestos.