Del 2006 al 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) fue notificado de la declaración de suspensión de derechos políticos a 522,950 personas, por estar sujetos a un proceso penal o ser prófugos de la justicia. El 2009, cuando se celebraron las elecciones intermedias, fue cuando más casos se han presentado en lo que va del sexenio.

En suspensión de sus derechos políticos se ubicaron los 34 funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el narco en el 2009 en la operación conocida como Michoacanazo, aunque al ser liberados sus derechos les fueron restituidos; y Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien actualmente tiene suspendidos sus derechos y es prófugo de la justicia.

De acuerdo con el IFE y la lista nacional que se utilizará en la elección del 1 de julio, en el 2009 le fueron suspendidos sus derechos políticos a 66,768 personas.

El Artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal; durante la extinción de una pena corporal; por vagancia o ebriedad consuetudinaria, o por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión.

En el 2006, el IFE fue notificado de que un juez ordenó la suspensión de los derechos políticos de alrededor de 50,539 personas; en el 2007 a 64,534 ciudadanos, y en el 2008 la cifra bajó a 47,595.

En el 2010 fueron 55,115 ciudadanos y el 2011, el último año que se tiene registro, 60,574 personas.

En total, del 2006 al 2011 fueron 522,950 personas a quienes se les declaró en suspensión de sus derechos políticos, aunque en los datos del IFE no se precisa a cuántos de ellos se les restituyeron.

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