Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango, explicó que en el caso del estado que administra sólo se han radicado 34 millones de pesos de los 875 millones de pesos etiquetados para la entidad en 2012, "es decir sólo 3.9%, y se está hablando de una situación de emergencia" e insistió en que "lo peor está por venir".

Propuso que se haga una evaluación "para saber precisamente en qué medida los esquemas de apoyo agropecuario operan con la agilidad necesaria y en qué grado hemos sido capaces de redireccionar los recursos a las necesidades, acciones y obras más urgentes en ese gran reto de la peor sequía de los últimos 100 años".

El gobernador ratificó que los gobiernos estatales están en la mejor disposición de seguir sumando esfuerzos con el gobierno federal en un clima de coordinación y cooperación plena, pero también de exigencia respetuosa.

Planteó que "lo que más nos preocupa en este momento es la ayuda humanitaria. Es decir el suministro de agua para consumo humano y de comida para la población afectada".

También externó que les interesa seguir trabajando de la mano con las correspondientes dependencias del gobierno federal para atender el reto social y productivo del campo.

"Por eso estamos aquí los gobernadores, diputados federales y representantes de los estados de las dependencias involucradas; estamos aquí tres gobernadores de los estados a los que más nos ha afectado la sequía que son Chihuahua, San Luis Potosí y Durango", dijo.

Tanto él, como los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí valoraron el respaldo del gobierno federal para enfrentar la sequía y refrendaron su disposición de seguir sumando esfuerzos a fin de que la ayuda siga llegando a la población afectada.

Durante los trabajos de la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión del Agua de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en atención a la sequía, el mandatario subrayó que "no queremos que nos gane la inmovilidad producto del burocratismo y entonces en los meses críticos estemos lamentando nuestra inactividad".

El presidente de la Comisión del Agua de la Conago mencionó que ante la gravedad del asunto las entidades federativas realizan el mayor esfuerzo posible para no dejar desprotegida a la población.

Mencionó que, incluso, en algunos estados del país se ha creado una partida especial en su presupuesto para atender la emergencia y se promueve la aportación de donativos de la sociedad civil.

En su oportunidad el gobernador de Chihuahua, César Duarte, comentó que ha sido necesario sacrificar casi 500,000 reses en el estado ante la escasez de agua.

A ello se debe sumar, dijo, que más de 500,000 hectáreas siniestradas en la entidad han dejado de sembrar maíz, frijol y avena.

El mandatario estatal abundó que las pérdidas económicas en la agricultura y ganadería de la entidad ascienden a 3,600 millones de pesos, sin tomar en cuenta los incendios que se han empezado a registrar y los consecuentes daños a la población.

A su vez Fernando Toranzo Fernández, gobernador de San Luis Potosí, recordó que la sequía ha provocado una catástrofe agropecuaria en 44 municipios.

Señaló que más de 110,000 hectáreas de cultivo han resultado afectadas, en tanto que las pérdidas económicas son equivalentes a más de 1,600 millones de pesos 'y aún nos faltan siete meses de sequía".

Toranzo Fernández expuso que a ello se debe sumar la pérdida del poder adquisitivo del salario debido, en gran parte, al incremento de precios de los productos del campo.

MIF