La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

La propuesta del Ejecutivo Federal reforma el Artículo Tercero de la Constitución Política mexicana, en sus fracciones III, VII y VIII, así como el 73 fracción XXV y se adiciona la fracción IX al Artículo Tercero de la Carta Magna.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que el Ejecutivo determinará los planes y programas de estudio de educación preescolar, primara, secundaria y normal para toda la República mexicana.

Para ese fin se considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Adicionalmente, señala, el ingreso al servicio docente en la educación básica y media superior que ofrece el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Refiere que la Ley reglamentaria del Artículo Tercero fijará los términos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio. " Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley".

Menciona que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

También realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del Artículo Tercero, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas.

Asimismo determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación.

Expone que el Congreso de la Unión, a fin de unificar y coordinar la educación en el país, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social entre la federación, los estados y los municipios.

También afinar las aportaciones económicas a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

La iniciativa presidencial menciona que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Corresponderá al organismo evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para lo que deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema.

Además expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponda y generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.

Para establecer, organizar y sostener en el país escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, entre otras.

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