A través de una iniciativa, la bancada del PAN así como algunos diputados del PRD, plantearon reformar la ley general en materia de trata de personas para armonizarla a los estándares internacionales en la materia.

La propuesta incluye modificar distintas disposiciones como, por ejemplo, las penas estipuladas en el artículo 10 de la norma que indica, actualmente, que:

“Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa”.

La iniciativa prevé cambiar la redacción del artículo, por considerarlo en su generalidad confuso, e incrementar las penas de 10 a 25 años de cárcel, e imponer multas de 5,000 a 50,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Se propone agregar a la ley general en materia de trata un artículo 10 Bis en el que se dejará asentado de manera clara qué se entiende por explotación de una persona y de la cual derivan 11 conceptos, entre los que se encuentran: matrimonio forzado u embarazo forzado; utilización de menores de edad para alguna actividad delictiva o la mendicidad forzada, entre otros.

La iniciativa recordó que con base en la auditoría realizada en el 2018 por la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de verificar el cumplimento de los objetivos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la antes Procuraduría General de la República (PGR), se determinó una limitada atención, protección y asistencia a las víctimas de dicho delito, así como deficiencias en la investigación y persecución de los delitos en la materia.

rrg