El pleno de la Cámara de Diputados desechó, por 207 votos del PAN, PRI, MC, PVEM, PT y PRD, el decreto por el que se modificaría la Constitución para reducir 50% el financiamiento a partidos.

Los grupos parlamentarios de Morena y PES votaron a favor, pero, por tratarse de una enmienda constitucional, se requería que el dictamen fuera respaldado por al menos dos terceras partes de los legisladores presentes y sólo se registraron 274 sufragios en favor.

Es decir, para aprobar el decreto se necesitaban 321 votos, debido a que estuvieron presentes 481 diputados.

En su afán por justificar que más tarde votarían en contra de la reforma al artículo 41 constitucional, al fijar el posicionamiento de sus bancadas legisladores de MC y PT propusieron reducir el financiamiento público, no en 50%, sino en 100 y 60%, respectivamente.

Por el PVEM, Marco Gómez Alcántar informó que sus correligionarios votarían en contra por considerar que reducir a la mitad el financiamiento público afectará de forma directa la equidad en la contienda política y se distorsiona el sistema de partidos.

Y propuso que la distribución de las prerrogativas se haga de forma igualitaria para todos los partidos con registro; reducir 30 no 32.5%, como establece el dictamen, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con el que se fija el financiamiento público a los partidos nacionales.

La Carta Magna vigente establece en el inciso a), de la fracción ll, del citado artículo, que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos “se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario” de la UMA.

Desde la tribuna, Iván Pérez Negrón (PES) informó del voto de su fracción parlamentaria a favor, aunque consideró que la propuesta se queda corta porque “el ideal es (distribuir) cero (de) financiamiento a los partidos políticos.

“Que esos 5,000 millones (de pesos) que le cuestan anualmente a la gente (los partidos) se destinen a combatir la inseguridad, a promover el turismo”, mencionó.

Esta vez, PT y PVEM, aliados de Morena, rechazaron la propuesta impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la oposición calificó de electorera.

Instituciones de crédito

La Cámara de Diputados aprobó, con cambios, la minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, que devolvió al Senado para una nueva revisión.

La enmienda al artículo 116 Bis 2, que estaba pendiente desde el pasado 6 de noviembre, prevé que cuando haya indicios suficientes de que una persona se encuentra relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, o con actos asociados con éstos, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá incluirla en la lista de personas bloqueadas y promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados.

A propuesta de Lidia García Anaya (Morena) se incluyó que previa solicitud del interesado se le otorgará audiencia para que dentro de 10 días hábiles sean la UIF y la institución de crédito correspondiente las encargadas de notificar, por escrito, a los interesados.

Pasa al Senado de la República

Avanza Ley de Amnistía a presos

La Cámara de Diputados aprobó, el pasado miércoles, el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía; la minuta correspondiente fue remitida al Senado de la República para su revisión y aprobación o modificación.

Con base en la nueva ley, se podrá decretar amnistía en favor de las personas contra las que se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante tribunales federales, siempre que no sean reincidentes.

Para los delitos que se aplicará son: aborto, delitos contra la salud, si quien delinque es pobre o cometió el ilícito por indicación de su cónyuge, posesión de narcóticos para consumo personal, cualquier delito si el responsable es indígena y en su proceso legal no contó con intérprete o defensor, robo simple y sin violencia, sedición por razones políticas, cuando no se trate de terrorismo, se cometa homicidio, o use armas de fuego.

La amnistía aprobada en San Lázaro no aplicaría para delitos como secuestro, feminicidio, entre otros.

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