La Cámara de Diputados violó la Constitución al no aprobar el pasado día 15 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2020, pero desgraciadamente no hay consecuencias de responsabilidad penal o administrativa para los legisladores, o que tuvieran que pagar algún tipo de multa o de reparación porque ello implique un delito, afirmó Jaime Cárdenas Gracia.

“Lo único que puede proceder es un juicio político, pero en el derecho mexicano el juicio político lo conocen las propias Cámaras. O sea, no tiene mucha posibilidad de éxito que se planteara un juicio político porque las mismas mayorías de diputados y senadores, sobre todo en Diputados que es la (Cámara) que aprueba el presupuesto, es la que tendría que hacer la acusación y no creo que se quieran acusar a sí mismos’’.

En entrevista, el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios precisó que al no haber aprobado el gasto público del próximo año, en el plazo constitucional establecido, los 500 diputados federales que integran la Cámara Baja incurrieron en una violación legal.

Es una violación a la Constitución. De eso no hay duda’’.

El tema, dijo el constitucionalista, son las consecuencias jurídicas de dicha falta a la ley.

“Es decir, ¿qué pasa si se viola con Constitución por no aprobarse el presupuesto el 15 de noviembre? El problema es que se viola la Constitución y no hay una consecuencia, por ejemplo, de responsabilidad penal o responsabilidad administrativa para los diputados; que ellos tuvieran que pagar algún tipo de multa o de reparación. O que no aprobar el presupuesto en un tiempo implicara un delito.

“Desgraciadamente en México eso no está previsto así. Entonces, no hay responsabilidad por no aprobarlo en tiempo, salvo la responsabilidad política que da lugar al juicio político. Pero el juicio político se conoce en la Cámara de Diputados, que es la Cámara acusadora, y el Senado es el tribunal de sentencia. No creo que con la mayoría que tienen los partidos que actualmente dominan esas cámaras vayan a procesar o desahogar un juicio político en contra de ellos mismos’’.

Cárdenas Gracia consideró también una desgracia que existan normas imperfectas, que es como se llama técnicamente cuando lo que se establece en la Constitución o en las leyes no trae aparejada o unida una sanción o consecuencia jurídica.

Cuestionado sobre si procede la impugnación en el caso del PEF 2020, explicó que sí.

Al no existir la figura de reconducción presupuestal, detalló, si no se pudiera aprobar el gasto del próximo año el último día del 2019 se podría promover una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver la aplicación, en el 2020, del presupuesto 2019.

“Ese podría ser como el peor escenario…’’