La reformas penal y de telecomunicaciones (Ley de Geolocalización), que entre otras cosas busca anular las señales de los celulares en las cárceles, tienen imprecisiones que podrían dificultar su aplicación, además de que dejan fuera a la Cofetel cuando es el órgano especializado en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con Observatel.

La facultad otorgada a la SCT relativa a prestar asesoría técnica a las autoridades competentes para la instalación y operación de equipos que permitan bloquear las señales debería corresponder a la Cofetel, por ser el órgano técnico especializado en materia de telecomunicaciones , indicó el organismo.

Además, en las reformas aprobadas la semana pasada, no se establecen plazos para la designación de responsables operativos de los concesionarios.

Incluso, de acuerdo con Observatel, el manejo de los términos y conceptos en la reforma es descuidado se utilizan palabras como usuario, clientes, telefonía móvil, telefonía celular, comunicación móvil, línea telefónica, servicios de telecomunicaciones, entre otros, sin ningún rigor técnico ni jurídico, lo que puede originar distorsiones en su interpretación.

De acuerdo con Observatel, la fracción adicionada al artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en relación con las sanciones fue mal diseñado, porque sólo acota al servicio de telefonía y no a todos los supuestos a que están obligadas las empresas como radiocomunicación, transmisión de datos e imágenes, mensajes e Internet .

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