La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular por 383 votos a favor, cinco abstenciones y 27 en contra el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 constitucionales en materia de gobiernos de coalición.

Durante la discusión, el pleno apoyó una reserva presentada por el perredista Fernando Belaunzarán Méndez, para modificar el segundo artículo transitorio e incluir que el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Dichos cambios deben concretarse para establecer la figura de los gobiernos de coalición, dado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) carece de dicha facultad.

El documento, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que con la reforma se pretende establecer en las constituciones locales la facultad de los gobernadores de los estados de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en las legislaturas locales.

Indica que será facultad de las legislaturas de las entidades federativas ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcionarios que lo integrarán, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

También se faculta a la ALDF para ratificar los nombramientos que el jefe de Gobierno del Distrito Federal haga de los funcionarios que integren el gobierno de coalición, excepto el titular de Seguridad Pública.

Asimismo, se autoriza al titular de la administración capitalina para que en cualquier momento opte por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes del congreso local; el convenio deberá establecer las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Como disposición transitoria, el documento prevé que las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones locales y la legislación correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

En las consideraciones, se expone que los gobiernos divididos carecen de sistemas de cooperación en términos formales y la existencia de una oposición predominante limita la actuación entre las fuerza políticas, debilitando no sólo al partido en el gobierno, sino afectando directamente a la ciudadanía.

El objetivo de la reforma es que las decisiones que se tomen tengan la primicia y el interés fundamental de otorgar a los mexicanos beneficios palpables y consensuados de sus gobernantes.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, afirmó que establecer en la Constitución la posibilidad para conformar gobiernos de coalición en las entidades federativas fortalecerá la pluralidad y el sistema democrático.

Los gobiernos de coalición, aseguró el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), permiten que las responsabilidades gubernamentales sean compartidas con otras expresiones políticas y amplían la base social del gobierno.

Recordó que, a nivel federal, la reforma política promulgada en febrero pasado facultó al Ejecutivo federal para que pueda conformar gobiernos de coalición, figura de la que aún carecen las administraciones estatales.

Al fijar la postura del PRD, Silvano Aureoles Conejo afirmó que los gobiernos de minorías están condenados a la ineficacia y la debilidad institucional.

Durante la discusión de la reforma, presentada por él mismo el 4 de septiembre pasado, recalcó que la actuación del Estado debe estar basada en la fuerza de la sociedad, para aprovechar al máximo ese impulso y provocar solución definitiva de los problemas más graves.

Detalló que el sistema político en México debe corresponder a la diversidad ideológica de un pueblo pluricultural, hasta en tanto no se resuelvan las asimetrías, es imposible homogeneizar las visiones políticas.

A nombre del PRI habló Héctor Gutiérrez de la Garza, quien expuso que desde 1997 se presentan en México gobiernos divididos, cuya principal característica es la ausencia de una mayoría en el Congreso que contribuya a la construcción de acuerdos para la gobernabilidad.

Dicha situación ha traído como consecuencia el inmovilismo, por lo que fue indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país, lo cual fue posible gracias a la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero, refirió el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con la reforma constitucional aprobada este miércoles, se adoptarán políticas inclusivas que legitimarán el proceso de toma de decisiones fundamentales, se evitará la parálisis parlamentaria y los Poderes Ejecutivos y Legislativos asumirán la corresponsabilidad de dar estabilidad política a las entidades federativas, enfatizó.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) intervino el diputado José Alfredo Botello Montes, quien señaló que el gobierno de coalición permitirá presentar un frente común entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de los integrantes del Legislativo.

Se fortalece con ello, aseveró, la legitimidad de ejercicio en ambos poderes, se dota de estabilidad y gobernabilidad, pues la mayoría conformada en el Legislativo daría soporte al Poder Ejecutivo.

Mencionó que se genera un círculo virtuoso a partir de la cooperación y el diálogo entre poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo como resultado la corresponsabilidad de los actores políticos.

mfh