Los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para efectos de sus auditorías e investigaciones, establece el proyecto de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ello, amplía, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Se advierte, además, que de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable.

El documento, que deberá revisar aún la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Comisión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictaminación correspondiente durante el periodo de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo lunes, refiere que la ASF podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

El máximo ente fiscalizador estará facultado también para fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a entidades federativas, municipios, y alcaldías de la Ciudad de México, entre otros.

La nueva ley establece de manera clara que la ASF podrá fiscalizar de manera coordinada o directa las participaciones federales entregadas a entidades federativas y municipios.

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