La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) chocaron por la operación de la base de datos sobre la incidencia delictiva en el país.

El pasado viernes, el vocero oficial de la CNPJ comunicó que, de la mano del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Fiscalía General de la República (FGR), los 32 procuradores y fiscales del país acordaron implementar, por su propia cuenta, un sistema paralelo para el registro de incidencia delictiva, a partir del 2020.

De acuerdo con el vocero, el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, la idea es sustituir el informe mensual que realiza actualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Información del Secretariado indicaron que dan la bienvenida a ésta y a cualquier otra iniciativa que busque fortalecer la seguridad, la paz y la justicia en México. En este caso en particular, por la posible participación de instituciones profesionales como el Inegi.

No obstante, la Secretaría de Seguridad argumentó que el Artículo 21 de la Constitución establece que el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública está a cargo de la Federación, y el artículo 19 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece que la atribución de regular, integrar y analizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información corresponde exclusivamente al Centro Nacional de Información del Secretariado.

“Es oportuno recordar que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia carece de atribuciones para crear, modificar o desaparecer funciones, ya sea del SESNSP, como del propio Centro Nacional de Información (CNI). La LGSNSP faculta al CNI para que, con base en sus planes estratégicos, pueda celebrar los convenios que estime necesarios para la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública con el Inegi”, mencionó la Secretaría de Seguridad.

El CNI ratificó su disposición y compromiso para seguir colaborando estrechamente con el Inegi, así como con la Fiscalía de la República, las 32 fiscalías estatales y, sobre todo, la sociedad civil.

“El CNI tiene la responsabilidad de seguir proporcionando a los mexicanos certeza absoluta sobre el registro de la incidencia delictiva, por ello ha impulsado diversos proyectos, como la modernización del Informe Policial Homologado en su versión 2019.

“El lanzamiento del nuevo Registro Nacional de Detenciones y la implementación del Modelo de Revisión Estadística de la Incidencia Delictiva Nacional (Proyecto More), mismo que, de la mano de Naciones Unidas, busca mejorar la calidad de la información que reporta el CNI a los mexicanos, cada día 20 de mes, utilizando como insumo los registros de las 32 fiscalías estatales”, indicó el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo.

Añadió que trabajará en consolidar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, haciendo cumplir su mandato legal, y observando los principios universales de transparencia, imparcialidad, profesionalismo, apertura y objetividad.

Cuestionan liberaciones

PAN en San Lázaro, en contra de la Ley de Amnistía

La aprobación de la nueva Ley de Amnistía por parte de la Cámara de Diputados, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, liberaría a 300,000 delincuentes, advirtió Juan Carlos Romero Hicks.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Baja dijo que lo que en realidad pretende el mandatario mexicano es “construir una base electoral, sin importarle el peligro que esto tiene para las familias mexicanas”.

De aprobarse la nueva ley, comentó, se establecerá en México la impunidad para los que roban y envenenan con drogas a jóvenes y “empoderará a los delincuentes”.

Desde la perspectiva del guanajuatense, se tiene que tomar en cuenta la opinión de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, a través del esquema de Parlamento Abierto, previo a la dictaminación.

Al respecto, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja y coordinador del grupo parlamentario de Morena, aclaró que ya hubo una discusión a fondo sobre el tema.

A decir de Romero Hicks, López Obrador propone liberar a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por delinquir en casos de robo sin violencia, a casa habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito, delitos cibernéticos, robo de identidad, entre otros.

“Todo, con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente éstos los que afectan a los sectores con menores recursos (...) Quedará impune el atraco a casas habitación por sustraer artículos menores a 50,000 pesos, cuando son éstos los que más impactan en la clase humilde”, aseveró el diputado. (Rolando Ramos)

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