En un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública, fue detenido en flagrancia el arquitecto Héctor González Aguilera supervisor adscrito a la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento a Ductos de Pemex Exploración y Producción (PEP).

En un comunicado, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la indagatoria se inició a raíz de una denuncia ante las autoridades por presuntos actos ilegales contra un particular, proveedor de la paraestatal en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con el testimonio del denunciante -contratista encargado de realizar un proyecto de sustitución de equipos de aire acondicionado, en un inmueble de PEP denominado Centro Técnico Administrativo (CTA)- en enero pasado se reunió con el hoy detenido para analizar los detalles del proyecto.

Desde esa fecha, el servidor público insistió en dejar claro al contratista que tenía 'la obligación' de entregar el 10% del monto total que resultara de la elaboración del proyecto mencionado arriba, con un costo total estimado en 1 millón 200,000 pesos, es decir que en esa operación González Aguilera él iba a obtener 120,000 pesos como gratificación.

El pago de ese dinero, según la exigencia del servidor público, debía ser mediante un 'adelanto' de 60,000 pesos, a lo que el particular se negó.

Como represalia, el supervisor de PEP retrasó un primer pago al contratista por más de seis semanas, a manera de presión para que este último aceptara el trato irregular.

Ante dicha situación, el contratista se vio obligado a aceptar la propuesta ilegal y ofreció un pago de 30,000 pesos al presunto extorsionador.

Sin embargo, previamente acudió a las autoridades a presentar una denuncia de hechos que culminó con la detención en flagrancia de González Aguilera, girada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procedimientos Penales en Tabasco.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) aprehendieron a este servidor público tras haber recibido los 30,000 pesos por parte del denunciante, para que el servidor público liberara los pagos que PEP le adeudaba.

El supervisor de PEP fue trasladado a la sede de la Delegación de la PGR en Villahermosa, en calidad de detenido, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF).

El juzgado correspondiente dictó el auto de formal prisión por el delito de cohecho, ilícito por el que dicho servidor público podría alcanzar una pena de dos a 14 años de prisión.

El órgano interno de control de PEP, adscrito a la SFP, decretó la suspensión temporal del empleo, de manera precautoria, e inició procedimiento administrativo contra el servidor público.

APR