El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, consideró que la detención de Emilio Lozoya podría ayudar a disipar "la trama nebulosa" del caso Odebrecht.

Tras participar en el foro "Transparencia para combatir la corrupción", organizado por Deloitte, señaló que la captura del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma que funciona la correspondencia internacional cuando se solicita la detención.

Sin embargo, el presidente del Inai consideró que se deben garantizar los derechos de toda persona hasta que no sea juzgada plenamente, o resulte responsable de los delitos en su contra.

"¿Qué podemos pedir? Estado de derecho para que sea correctamente enjuiciado, correctamente defendido por sus abogados y para que afortunadamente se pueda disipar ahora la trama nebulosa de Odebrecht", dijo.

En este sentido, destacó que el tema ha sido un asunto en el que el Inai ha sido categórico desde el primer momento, además evolucionó la forma en que el Instituto tocó el asunto.

De hecho, recordó, el 4 de octubre de 2018 la averiguación previa completa de Odebrecht, entregada por la entonces Procuraduría General de la República, debería de ser pública, pero sin dar a conocer los nombres de los involucrados.

"Lo que se estaba ordenando a la Fiscalía, que todavía lo puede hacer, es asignar a otro agente que no esté amparado para que se entregue una versión pública (...) Es la trama de corrupción que más ensombrece a México", indicó.

Acuña Llamas expuso que la actual FGR ha dicho que desde su interpretación violaría el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que le han dicho que no lo hace, ya que no tiene que decir ningún nombre.

Asimismo, consideró que una trama de este tamaño debe de ser una averiguación previa muy amplia, no sólo de dos o tres personas.

Odebrecht, con sede en Brasil, se presentaba como la empresa latinoamericana más grande dedicada a la ingeniería, en cuya calidad recibía contratos para realizar todo tipo de obras en cualquier área de la región.

Su fama creció en 2014, cuando fiscales brasileños llevaron a cabo la Operación Lava Jato, que descubrió operaciones de lavado de dinero y sobornos en Brasil y varios países que alcanzaron el más alto nivel político. La forma de operar era ofrecer sobornos a funcionarios y empresarios a cambio de contratos de obras públicas con precios inflados.