Organismos internacionales han señalado a México por “deficiencias” que hay en su sistema para el combate al lavado de dinero respecto de la plena identificación del beneficiario final de una operación. Pero autoridades defienden que se avanza en el tema.

El organismo que hizo el señalamiento más reciente fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que de acuerdo con sus conclusiones de la revisión anual que hizo a México, y de la que informó en octubre pasado, existe una falta de transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas, lo que da paso al lavado de dinero.

“La actual falta de transparencia de los beneficiarios reales de las empresas permite la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros, y debe abordarse urgentemente a través de un grupo de trabajo interinstitucional”, alertó el FMI.

Éste no es el primer señalamiento que un organismo internacional hace a México sobre el rubro. En el 2018, la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo al país indicó que es una preocupación grave que se trate de identificar al beneficiario real de forma limitada.

Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, indicó a este medio que luego del señalamiento del GAFI, se emitieron disposiciones entre marzo y julio pasado para el sector financiero con el fin de tener una mejor identificación del beneficiario final, especialmente para operaciones de personas que son catalogadas como políticamente expuestas (PEP).

“Hicimos cambios importantes en la regulación desde marzo hasta julio para 12 sectores diferentes del sistema financiero. En la identificación del beneficiario final hubo cambios importantes, por ejemplo, se tenía que aterrizar la identificación de una PEP, porque nuestra legislación no contemplaba a autoridades municipales como PEP, por ejemplo”, detalló Graf Noriega.

El funcionario indicó que se trabaja con otras instancias para crear un padrón de consulta para los sujetos obligados a la normatividad antilavado, donde se tenga una lista completa de las PEP, que son funcionarios que por su ocupación y puesto representan un riesgo de lavado de dinero, el cual debe de tratarse correctamente en una operación.

“Desde la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estamos trabajando para diseñar un modelo de información e identificar plenamente a una PEP”, puntualizó.

Por su parte, en la UIF se tiene identificado un cambio legislativo en la ley antilavado, para que todas las sociedades mercantiles estén obligadas a determinar claramente quién es su beneficiario final.