México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advirtió que luego de impugnar la Ley de la Guardia Nacional ante la SCJN, por un posible incumplimiento del mandato constitucional de que ésta sea una corporación civil y por permitir el uso de militares en seguridad pública, se prevé que dicho recurso sea desestimando el día de hoy, con lo cual también se evitaría el análisis de la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública en nuestro país.

Tras conocer el proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco, y con el que se pretende dar respuesta a este amparo, MUCD señaló que no se analizaría ninguno de los argumentos presentados por la organización, pues se propone desestimar el caso so-pretexto de que ninguna de las disposiciones de la Ley de Guardia Nacional está dirigida a la organización y que, de otorgar el amparo, las consecuencias serían peores que el problema.

Se explicó que por un lado, el ministro Fernando Franco argumentó que el efecto particular de otorgarse el amparo sería quitar la protección de “la única institución de seguridad pública federal que existe (la Guardia Nacional), lo cual sería imposible. Y por el otro, considera que el efecto general sería prohibir que ésta se integre por militares, lo que podría derivar en afectaciones para otras personas”.

Además de que se argumenta que para lograr que la Guardia Nacional no se componga por militares debe impugnarse por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que no de juicios de amparo.

“De aprobarse, la SCJN abdicaría a su responsabilidad de defender el orden constitucional y se perdería la oportunidad de plantear posibles salidas. Exhortamos a las y los ministros a elaborar un proyecto que sí analice el fondo del asunto y con el que sea posible construir un México más seguro, más justo y en paz”, enfatizó la organización.

El caso, que llegó a la SCJN en 2020 y que posiblemente este 23 de junio sea sometido a votación, fue presentado por MUCD bajo el argumento de que el diseño normativo de la Guardia Nacional incumplía con la obligación de crear una nueva fuerza policial, al permitir el reclutamiento de militares retirados o en activo.

Aunado a que violaba los criterios básicos sobre uso de militares en tareas de seguridad pública, que debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado e invadía competencias de estados y municipios.

“En MUCD consideramos que este razonamiento es sumamente peligroso debido a que, incluso cuando reconoce que la Guardia Nacional está militarizada, prefiere recurrir a argumentos falaces como que “ordenar el cese inmediato de los militares que la integran desprotegería a la población” para desestimar el caso, que entrar al fondo del asunto”, lamentaron.

Mientras que consideraron que, al limitar la defensa del orden constitucional a las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad el ministro ponente hace una lectura limitada del juicio de amparo que tiene el “efecto perverso” de postergar la discusión sobre el problema de la militarización, por lo que al hacerlo, la Corte pierde oportunidad de discutir y establecer los límites constitucionales de la participación de militares en tareas de seguridad pública y proponer soluciones de largo plazo.

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