La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedencia las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali que fueron promovidas tras la aprobación de la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

La Suprema Corte detalló que la Comisión de Receso correspondiente al primer periodo de sesiones 2019 integrada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desestimó las controversias 269/2019 y 271/2019 al haber sido promovidas en contra de los actos que no son definitivos por derivar en un procedimiento legislativo inconcluso.

La Corte determinó que las acciones se desecharon “por derivar de un procedimiento inconcluso”, ya que la modificación sigue sin vigencia por no haber sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, sin embargó, el alto tribunal afirmó que lo anterior no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnaciones diversos o eventuales.

Cabe señalar que este martes, en sesión extraordinaria a puerta cerrada en el Palacio municipal de Playas de Rosarito, el Congreso de Baja California validó la reforma al artículo 8 de la Constitución estatal que amplía la gubernatura del morenista Jaime Bonilla.

Luego de la aprobación de la reforma, ésta debe ser enviada al actual gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, calificó de preocupante la ampliación del mandato en Baja California.

El funcionario electoral calificó de pésimo mensaje lo ocurrido en Baja California. “Nadie cuestiona una elección que se haya llevado bien y nadie cuestiona el triunfo electoral inobjetable, pero cambiar las reglas del juego me parece que es inaceptable desde el punto de vista democrático”, puntualizó.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la promulgación que hizo el Congreso de Baja California y reiteró que esa medida fue aprobada en su momento por unanimidad de todos los partidos.

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