La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) encabeza una investigación sobre una red de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que en 12 años otorgaron estatus especial a inmigrantes ilegales introducidos por bandas de traficantes desde la frontera sur y aeropuertos internacionales mexicanos para luego ser llevados ilegalmente a Estados Unidos.

Fuentes federales manifestaron a El Economista que el titular de la Procuraduría General de Justicia, Jesús Murillo Karam, se encuentra atendiendo la investigación para la limpiar y sanear el INM, como ordenó el Ejecutivo federal, en la cual estaría involucrada la exdirectora general de Delegaciones, Luz María Servín Sotres, y personal de confianza que ella nombró.

De acuerdo con las indagatorias, la exfuncionaria federal milita en el Partido Acción Nacional y fue sustituida hace unas semanas por otra panista relevante, Mercedes Gómez Mont Urueta, que empezó a remover a quienes trabajaron con su antecesora en puestos claves dentro del instituto migratorio, desde donde se presume siguen operando.

Servín Sotres obtuvo el cargo en el INM por Cecilia Romero. Desde esta posición, la exdirectora general de Delegaciones ingresó a su personal a la Dirección General de Regulación Migratoria, que otorgaba la figura de refugiado inmediato a migrantes de diferentes nacionalidades bajo el pago de servicios migratorios.

Esto permitió a grupos de traficantes de personas obtener para sus clientes el estatus laboral de extranjeros a cientos de migrantes, para después ser trasladados vía territorio nacional con destino a la frontera norte, protegidos por agentes del INM adscritos a la Dirección de Delegaciones y de ahí a Estados Unidos bajo el pago de otra cuota.

Servicios migratorios que eran solicitados en las ventanillas de las delegaciones en todo el país, incluso por despachos de abogados identificados como Robles, Gómez Mont, Limón y Asociados, exponen las primeras indagatorias de la SEIDO.

  • La Secretaría de Gobernación asumió el mando de la seguridad del país y se comprometió con la depuración y profesionalización total de los cuerpos policiacos del país, la prevención del delito, la coordinación eficaz con los gobernadores y munícipes, así como generar una cultura de confianza en los ministerios públicos para que la ciudadanía acuda a denunciar. Desde el jueves esa dependencia asumió las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
  • El gobierno federal hizo un balance de seguridad durante el primer mes de administración del presidente Enrique Peña Nieto. La Segob informó que en este lapso se decomisaron a los criminales casi 20 millones de pesos, nueve narcolaboratorios, tres túneles, más de medio millón de litros de gasolina robados y casi 1,000 vehículos, además de armamento y droga requisados. Además, se decomisaron 6 millones 341,085 pesos y 1 millón 69,526 dólares, que sumados dan 19 millones 966,846 pesos.
(Con información de Jorge Monroy)