De los mexicanos, 70% está de acuerdo con que expertos de otras naciones investiguen casos de desapariciones forzadas en nuestro país, ya que más de 50% de los ciudadanos reprueba las acciones del gobierno en la búsqueda en fosas, identificación de cuerpos, prevención y castigo a los culpables.

Así lo muestra la encuesta Desapariciones que este jueves dio a conocer el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

En el sondeo, se preguntó a los ciudadanos si conocían que la ONU emitió recomendaciones en nuestro país sobre la desaparición forzada y sólo 25% tenía conocimiento a este respecto.

De los encuestados, 70.1% manifestó estar muy de acuerdo con que expertos de otros países investiguen casos de desapariciones forzadas en nuestro país, 25.1% expresó que está algo o muy en desacuerdo y 1.7% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a la calificación que daría al gobierno mexicano acerca de la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas, sólo 20% calificó su labor como muy buena y 56% como muy mala, el resto no supo o no contestó.

También 53% reprobó las acciones del gobierno para la identificación de cuerpos, 61% la labor gubernamental para castigar a quienes ayudaron a cometer un delito y 67.3% también reprobó la labor de prevención de desapariciones forzadas.

Al cuestionar su opinión sobre qué autoridades consideran que cometen más la práctica de desaparición de personas, se refirió en primer lugar a las autoridades municipales, la policía en general y, en tercer lugar, al Ejército y la Marina.

Cuestionados sobre qué sectores sociales consideran que son más proclives a ser víctimas de desaparición, los encuestados refirieron que los periodistas (29.2%), los jóvenes (19.9%), quienes se oponen y critican al gobierno (17.4%), hombres (13.7%), mujeres (8.6%) y 11.2% no sabe o no contestó.

La encuesta identificó que las desapariciones son cometidas también por los traficantes de personas, los narcotraficantes, los delincuentes y los traficantes de órganos.

Respecto a qué autoridad le tienen más confianza para investigar este delito, los consultados identificaron a la Marina, el Ejército, la CNDH, la PGR y las policías.