La entrega de tarjetas sin recursos es recurrente por parte de candidatos de partidos, no es violatorio de la ley, y esto ya fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  y por ende no amerita la cancelación de candidaturas indicaron consejeros electorales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, indicó que las quejas en materia de fiscalización se han multiplicado en las últimas semanas, las cuales implican una investigación y las mismas en ningún caso derivan en la cancelación de una candidatura ni en la interrupción de una campaña.

“Es decir, considerando por parte de esas instancias jurisdiccionales, tanto los resultados de la fiscalización de las campañas que realizará este Instituto, como los resultados de las quejas que hayan desahogado en la materia, por lo cual no es posible pretender o suponer que el INE o el Tribunal nos pronunciemos a partir de una queja sobre la campaña, durante las campañas electorales. Pero tal pronunciamiento sólo es posible hasta que concluya la fiscalización de las campañas, hecho que ocurrirá a más tardar el 22 de julio”, manifestó.

En el marco de la ley

En el marco de la investigación que anunció la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en contra del candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la entrega de tarjetas rosas, el consejero hizo un pronunciamiento general sobre el tema.

El consejero del INE, Ciro Murayama recordó que la entrega de tarjetas no es un hecho nuevo, ya que en un pasado proceso electoral del Estado de México se entregó la llamada tarjeta de salario rosa, hecho que fue analizado por el INE, y el TEPJF  resolvió que es válido mientras no contengan recursos.

Murayama dijo que esto puede ser considerado  propaganda de mal gusto, pero no es ilegal. Lo que sí lo es, resaltó, es la entrega de dádivas o boletos.

El consejero destacó que quien acusa al INE de no actuar por acciones de candidatos locales, no ha leído la ley, ya que las contiendas locales son organizadas por los Organismos Públicos Locales.

jorge.monroy@eleconomista.mx