Un contingente de organizaciones civiles denunció que la desaparición y presunto asesinato del periodista y propietario del semanario la Unión, José Moisés Sánchez Cerezo de Medellín de Bravo, Veracruz, es un claro ejemplo de la violación de derechos humanos en contra de los periodistas que se vive en el país.

En la investigación por la desaparición de Moisés Sánchez han ocurrido varias irregularidades, según las no gubernentales. La organización Artículo 19 y los familiares del periodista, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) no proporcionó información certera sobre la investigación.

Además en repetidas ocasiones se pidió que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantizara una investigación seria, objetiva e imparcial. En consecuencia a éstas irregularidades y porque la familia no reconoce rasgos de Moisés Sánchez en el cadáver encontrado, no se aceptarán los resultados expuestos por la PGJV hasta que se realicen pruebas de ADN , aseveran las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y otras.

Según Reporteros Sin Fronteras México es uno de los 5 países más peligrosos para ejercer el periodismo. Del año 2000 a la fecha, más de 80 periodistas han sido asesinados en México y 17 han desaparecido por ejercer su libertad de expresión, los principales agresores son el crimen organizado y autoridades de gobierno. La impunidad es la regla en los casos de asesinatos y desapariciones, lo que provoca que los crímenes contra periodistas se incrementen porque no son castigados.

Las organizaciones que firman la denuncia -como Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos- exigen una investigación imparcial en el caso de Moisés Sánchez y que permanezca una línea de búsqueda en vida en tanto no haya identificación científica de los restos encontrados..

A su vez demandan poner fin a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos contra los reporteros de Veracruz y de todo el país. Solicitan también que b la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR ejerza su facultad de atracción para investigar todos los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas en el país.

ana.langner@eleconomista.mx