Al clausurar el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados dejó como su gran pendiente el nombramiento del nuevo Auditor Superior de la Federación, pero también la aprobación de 33 leyes de las cuales feneció el tiempo para ser aprobadas, lo que podría provocar nuevos llamados de atención a los diputados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Cámara Baja clausuró el viernes su periodo ordinario de sesiones, sin que los diputados hayan podido superar sus diferencias políticas para el nombramiento del Auditor, a pesar de que ya contaban con una terna compuesta por Salim Arturo Orcí Magaña; David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar.

Lo anterior provocará que a la salida de Juan Manuel Portal el próximo 1 de enero, la titularidad de la Auditoría recaiga en el actual auditor especial de cumplimiento financiero, Juan Javier Pérez Saavedra, hasta que la Cámara de Diputados realice el nombramiento.

En tanto, el presidente de recinto legislativo de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), reveló que existen 33 casos en que la Cámara de Diputados rebasó el tiempo legal para emitir la ley correspondiente, como sucedió con la ley reglamentaria del gasto gubernamental en publicidad, hecho que provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijara como plazo máximo abril del próximo año para que el Congreso emita la norma.

Los diputados también dejaron para otros tiempos la revisión y discusión de la llamada Ley Fintech, aprobada ya por el Senado, y la cual tiene por objeto regular los pagos electrónicos, así como el financiamiento colectivo y activos virtuales (criptomonedas).

Asimismo, los legisladores dejaron pendiente de dictaminación las tres iniciativas, turnadas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 12 de diciembre, en materia de justicia cotidiana.

En la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de la misma forma los legisladores dejaron sin resolución los juicios de procedencia ya iniciados contra los diputados federales priistas Alberto Silva; Antonio Tarek Abadalá y Bárbara Botello, acusados por separado de actos de peculado y desvío de recursos públicos.

En el mismo estatus quedó la solicitud de juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de la diputada local priista en Chihuahua, Diana Karina Velázquez Ramírez, a quien se le acusa de delitos electorales.

Finalmente, la Cámara Baja tampoco pudo lograr el nombramiento de los titulares de Órganos Internos de Control de la Comisión Federal de Competencia Económica, del INAI y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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