La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) será el órgano judicial que defina la reparación del daño para 11 mujeres que sufrieron violencia sexual y fueron víctimas de detención arbitraria en San Salvador Atenco hace 10 años. Este caso se convertirá en el noveno que el tribunal interamericano conocerá en contra del Estado mexicano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la presentación del caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras a la Corte, tras considerar que la detención de estas mujeres los días 3 y 4 de mayo del 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos .

La comisión consideró acreditada la existencia de actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual y consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó también que las 11 mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.

En el Informe de Fondo, la CIDH recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas incluyendo el aspecto material y moral, así como brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.

Además, la comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.

Ello incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión.

También recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe.

Finalmente, la CIDH recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso.

La comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas y tras evaluar la fase de implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en su cumplimiento.

Durante la tramitación del caso ante la CIDH, el Estado reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

[email protected]