Si bien es necesario mejorar el sistema electoral nacional, una reforma estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) vulneraría su autonomía, además de que no es la vía para reducir gastos en el organismo, coincidieron especialistas y exconsejeros electorales.

Asimismo, convinieron que sí hay áreas de oportunidad en el sistema electoral tras la reforma del 2014, la cual, añadieron, se debe reconocer que hasta el momento ha funcionado de manera eficaz.

Durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, las y los legisladores buscarán impulsar una reforma electoral y entre los cambios propuestos por los integrantes de ambas cámaras figuran el de reducir el periodo del presidente del Consejo General del INE, así como desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE).

De las iniciativas que se han propuesto tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha sostenido que dichos cambios serán con el fin de acatar el principio de austeridad.

En ese sentido, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Ojesto, afirmó que se puede mejorar el sistema electoral, pero no se debe trastocar la autonomía del instituto con una reforma estructural.

Respecto del planteamiento de eliminar a los OPLE, bajo el argumento de ahorrar gastos, el consultor internacional en la materia destacó que es necesario fortalecerlos con autonomía presupuestal.

“Los cambios que se buscan son por una cuestión de austeridad, porque las y los legisladores argumentan que los OPLE son caros. Sin embargo, los consejos locales que proponen para organizar las elecciones también requerirán dinero. No podemos poner en riesgo la democracia por una cuestión de austeridad”, manifestó.

Sobre los recursos que se designan al INE, el catedrático señaló el financiamiento público que reciben los partidos políticos, que también se encuentra integrado dentro del paquete económico de cada año.

En ese sentido, enfatizó la importancia de considerar el financiamiento del capital privado y con ello mejorar la rendición de cuentas y un sistema eficaz de fiscalización “y que no todo dependa del financiamiento público que reparte el INE, que eso también hace muy caro el aparato electoral”.

Por su parte, el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) durante el 2008 al 2013, Leonardo Valdés, consideró que modificar la estructura del INE no representará un ahorro significativo para el erario mexicano, pero sí podría vulnerar la autonomía del organismo.

Recordó que los reclamos de los partidos de oposición que impulsaron la reforma electoral del 2014 eran respecto de la autonomía y la eficacia cooperativa de los institutos electorales locales que existían en aquel entonces, por lo que tras la creación del INE, el instituto pasaría a tener facultades en las elecciones de los estados.

“La creación de los organismos públicos locales y los términos de relación entre el INE y éstos han demostrado eficiencia en el número de elecciones que se han llevado a cabo en el marco de este sistema, que ofrece suficientes elementos para poder comprobar que es un diseño eficiente”, defendió Valdés.

El director de Strategia Electoral, Arturo Espinosa, dijo que las dos últimas reformas en la materia, del 2007 y 2014, se han justificado en reducir costos, pero hasta el momento no hay un análisis que establezca que es la solución para que el gasto electoral sea menor.

Sobre la eliminación de los OPLE, el experto enfatizó que además de vulnerar la autonomía de la autoridad electoral nacional también se transgrede a la autoridad local.

Esto debido a que se busca que la designación de los consejos locales sea realizada por la Cámara de Diputados. Sostuvo “que esta designación a partir de lógicas políticas acabará terminando por ser una designación de cuotas y cuates, lo cual tampoco es positivo.

“No veo positivo que se busque eliminar a los OPLE, mucho menos si se piensa centralizar todo el proceso electoral en un país que tiene un padrón muy amplio y con condiciones geográficas diversas. Me parece que es una propuesta con un contexto y un fondo político que conviene a una mayoría que es la que la está planteando”, mencionó Espinosa.

Finalmente, el exconsejero del INE del 2014 al 2017, Javier Santiago Castillo, advirtió que reducir el periodo del presidente consejero es inadecuado, al igual que rotar la gestión de la presidencia entre las y los consejeros, lo que complicaría la coordinación interna en el INE para cumplir con el trabajo operativo.

El exconsejero calificó la reforma del 2014 como centralista, que vulneró a los institutos locales electorales. Sin embargo, aseguró que el INE no tiene capacidad operativa y política para llevar a cabo la administración del conflicto político electoral a nivel nacional y local como se propone.

“Es una cantidad de trabajo impresionante (organizar las elecciones locales), por lo que el INE no tiene un diseño para enfrentar este reto, es indispensable la existencia de los organismos electorales de los estados.

“Al no tener idea de la cantidad de trabajo que implica realizar una elección, se hace muy sencillo decir que los consejos locales del INE, que se instalan en cada proceso electoral, se hagan cargo de todo”, puntualizó Javier Santiago Castillo.

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