Hasta ahora se encuentran pendientes de resolver en la Corte al menos 34 controversias constitucionales, interpuestas en contra de decisiones del Congreso de la Unión.

Cabe resaltar que, del total de esos recursos, 20 son de municipios por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 —año que está a punto de concluir—, y los promoventes fueron 13 municipios de Chihuahua, cinco de San Luis Potosí y dos de Sonora.

Otros denunciantes que destacan entre las controversias presentadas contra la Cámara de Diputados y el Senado de la República son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la controversia 45/2019, presentada por la CNDH contra la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal, el organismo denuncia que acordó llevar a cabo un ejercicio de autorregulación, al considerar disminuir su proyecto de gasto, incluidas las percepciones de sus servidores públicos.

Dicha autonomía presupuestaria fue vulnerada por la Cámara de Diputados —argumentó la comisión— al no tomar en cuenta la reducción presupuestal que esta misma instancia propuso, y reduciendo aún más sus percepciones en el Paquete Económico para el 2019.

El INE también presentó la controversia 22/2019 contra el Presupuesto de Egresos aprobado por diputados, por considerar que el recorte de 950 millones de pesos representó una vulneración a la autonomía e independencia del instituto. De acuerdo con el INE, en el decreto no hay una explicación ni fundamentación a dicho recorte.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones también interpuso el recurso 7/2019 en contra de la Cámara Baja por un ajuste presupuestal.

Asimismo, los expedientes 204/2019 de la Cofece, 208/2019 del Banxico y 211/2019 del INE son en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La Cofece justificó el recurso contra la norma “porque adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo”.

La comisión argumentó que la controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias de austeridad del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que busca defender su autonomía, establecida en el Artículo 28 constitucional.

Del mismo modo, el Banxico defendió que el objeto de la promoción de dicho medio de control constitucional es para que la Corte delimite el ámbito de aplicación de la Ley de Remuneraciones en relación con la autonomía del banco central.

Tanto la CNDH como el bloque de oposición del Senado, compuesto por Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), promovieron dos acciones de inconstitucionalidad contra la misma legislación.

En julio pasado, la Corte invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al considerar que el marco incurría en diversas omisiones legislativas, por ejemplo en no establecer parámetros ni lineamientos para fijar los salarios del presidente de la República y de los demás servidores públicos federales, así como no contener un apartado especial para los juzgadores.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó una prórroga a la Suprema Corte para legislar en la materia, porque la fecha límite fue el pasado 15 de diciembre. De acuerdo con el partido mayoritario en la Cámara Baja, Morena, sería en febrero próximo cuando se discuta la nueva ley ante el pleno.