Decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador han generado una cascada de solicitudes de juicios de amparo que han inundado juzgados y tribunales. Destacan los juicios iniciados por las decisiones de eliminar subsidios a guarderías, la cancelación de la construcción del aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco, el inicio de la construcción de la terminal aérea comercial en Santa Lucía, la ley de salarios máximos y la de crear la figura de los delegados.

De acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura Federal de noviembre del 2018 a marzo del 2019 (que son las cifras más actuales difundidas por la institución), refieren una tendencia a la alza en el ingreso de nuevos casos a los órganos jurisdiccionales.

Además, llama la atención que hay una diferencia considerable entre el número de nuevos casos que ingresaron al sistema judicial entre noviembre del 2011 y marzo del 2012, es decir, el último mes del sexenio del presidente Felipe Calderón y el primero del presidente  Enrique Peña Nieto con los registrados entre noviembre del 2018 y marzo del 2019, es decir, el último mes del sexenio pasado y los cuatro primeros del sexenio de López Obrador, la diferencia es de más de 32,000 nuevos casos.

Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales también aumentaron. Si se compara el primer cuatrimestre del 2013 y el primer cuatrimestre del 2019, las acciones de inconstitucionalidad se incrementaron 393% mientras que las controversias constitucionales 259 por ciento.

De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común hay al menos siete decisiones del gobierno actual señaladas como de dudosa legalidad y 18 abiertamente ilegales. Muchas de ellas motivaron que se iniciaran juicios de amparo en cascada.

Acciones señaladas como de dudosa legalidad

  • Creación de la figura de los superdelegados
  • Liberación de presos políticos, pese a investigaciones de la PGR
  • Implementación de programas sociales sin reglas de operación
  • Contratación sin uso de licitación para estudios del Tren Maya
  • Cancelación del contrato asignado a Bio Pappel Scribe, propiedad de un compadre del presidente
  • Construcción de la refinería de Dos Bocas
  • Reducción de recursos para combatir VIH/Sida y cáncer

Acciones señaladas como abiertamente ilegales

  • Ley de Remuneraciones de Remuneraciones de los Servidores Públicos
  • Inicio de la obra del Tren Maya sin los requisitos legales previos
  • Reducción de presupuesto a órganos constitucionales autónomos
  • Reclutamiento anticipado para la Guardia Nacional
  • Cierre de comedores comunitarios
  • Cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y el inicio de la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía
  • Desmantelamiento de las estructuras profesionales de la Administración Pública Federal
  • Adjudicación sin justificación o fundamento en la compra de pipas de Pemex
  • Ocupación y bloqueo de diversas vías de tren
  • Militarización de funciones de seguridad pública
  • Violación de presunción de inocencia y al honor de las personas
  • Cancelación de recursos para sociedad civil y organizaciones
  • Consulta participativa para termoeléctrica de Huexca
  • Levantamiento del censo de bienestar y su uso como fuente para repartición de programas sociales
  • Veto a empresas farmacéuticas para contratar con el gobierno
  • Memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa
  • Contratación de empresas fantasma
  • Uso de un recinto público por parte de una asociación religiosa.