El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo presidencial que declara como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal.

Según las y los comisionados del INAI, el documento emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 22 de noviembre pasado, vulnera los principios de inatacabilidad, definitividad y vinculatoriedad de las resoluciones del pleno, al precisar que la información será de seguridad nacional.

Del análisis realizado por el órgano se advirtió que el Acuerdo transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Por tanto, se concluyó que existe una posible violación al Artículo 6º de la Constitución mexicana, pues la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.

Va oposición también por recurso

El llamado bloque de contención en la Cámara de Senadores, conformado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD, interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras gubernamentales de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, informó Julen Rementería, coordinador del PAN.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), por su parte, hizo un “extrañamiento” a Ólga Sánchez Cordero por negarse a presentar una controversia constitucional y la llamó a reconsiderar, “en aras de salvaguardar el Estado de Derecho y esperar a que el máximo órgano de control constitucional, la Corte, resuelva lo conducente”.

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