México ha vivido en los últimos 13 años tres distintas estrategias de gobierno contra la seguridad, sin que ninguna de ellas haya podido contener los niveles de inseguridad y violencia que aún padece el país. En las primeras dos administraciones federales, 233 personas etiquetadas como las más buscadas fueron detenidas, y hubo una persecución contra grupos delincuenciales, pero el saldo fueron 251,000 muertos.

De esa estrategia de guerra, México pasó el año pasado a un plan de paz que busca evitar los enfrentamientos y la persecución hacia los líderes y grupos de la delincuencia para no producir “daños colaterales”.

En el 2006, el gobierno de Felipe Calderón consideró que para reducir los niveles de violencia era necesario emprender una estrategia de guerra declarada contra los grupos delictivos y del narcotráfico. Ese gobierno se fijó detener a objetivos prioritarios, de los cuales detuvo a 45, entre ellos el fundador de La Familia Michoacana, Jesús Méndez el Chango; y Édgar Valdez Villarreal la Barbie del Cártel de Los Beltrán Leyva, entre otros, que fueron presentados en eventos espectaculares. El gobierno de Calderón pidió apoyó del Congreso para combatir a los grupos delictivos, y le entregó reformas de alto calado para cumplir su propósito, como el arraigo, las leyes contra el lavado de dinero, el secuestro, el narcomenudeo, la extinción del dominio, así como la figura de intervención de comunicaciones, entre otras.

“Con Calderón era la estrategia del descabezamiento: matar o detener a los principales líderes. El problema es que al detener a esos líderes, lo único que se provocó fue la disgregación de las organizaciones delictivas, empezaron a subdividirse y por eso hoy tenemos más de 180 subgrupos. Felipe Calderón contrató a Joaquín Villalobos como su asesor en sistema de seguridad, y la idea era enfrentar a la delincuencia como se enfrenta a la guerrilla, y ese fue el gran error”, comentó el especialista del Inacipe en temas de seguridad, Martín Barrón.

El gobierno de Enrique Peña Nieto asumió el poder en el 2012 con una exigencia social de recobrar la seguridad y una condena hacia el anterior gobierno por dejar 121,000 muertos. Su plan de seguridad evitó utilizar la palabra “guerra” como lo hizo al inicio el de Calderón. Se propuso detener a 122 objetivos, de los cuales al final detuvo a 108, entre ellos Joaquín el Chapo Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, líder del Cártel de Juárez. El gobierno de Peña Nieto indicó que su estrategia de seguridad se basaba en la inteligencia financiera para desarticular a las bandas del narcotráfico, mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y políticas de prevención del delito.

“En el periodo de Peña, lo que se hizo fue tratar de no hacer una estrategia de tanta confrontación, pero curiosamente eso sucedió. El gobierno de Peña era supuestamente con mayor inteligencia, con mayor pulcritud, que los operativos fueran más coordinados, eso sucedió en un primer momento, pero después se fue perdiendo ese trabajo coordinado, y ya sabemos que inclusive en el periodo de Peña hay más homicidios dolosos, 130,000, que en el periodo de Calderón (121,000 muertos)”, dijo Martín Barrón.

Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló esta semana que a lo largo de esos 12 años de guerra contra el narcotráfico en México, se detuvieron a 233 personas, de las cuales sólo 13 han recibido sentencia por delitos menores como posesión de armas o de drogas, y sin que se conozca la confiscación de un bien.

En la presente administración, dijo Martín Barrón, “desconozco cuál es la estrategia, porque no hay estrategia. Lo que hay es una serie de buenas intenciones, pero no la hay”.

“Obviamente en la presente administración vamos a tener un problema, porque si no vamos a detener objetivos prioritarios, si no se va a enfrentar la delincuencia organizada como dice el presidente a manera de confrontación, lo que va a suceder es el escenario de delincuentes contra delincuentes, delincuentes contra autoridades y delincuentes contra ciudadanos, como ya vimos en Sinaloa, y eso provocará un sinnúmero de muertos”, comentó.

Indicó que con los sucesos en Culiacán, Sinaloa, donde el actual gobierno detuvo y luego liberó al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, el mensaje que manda el actual gobierno a otros grupos delincuenciales es que “van a decir: ‘ah mira, así se resuelve, podemos chantajearlos’, y entonces viene esto. Por un lado, sí, se puede preservar la vida de los ciudadanos, pero por el otro se envía un mensaje equivocado, porque la delincuencia también aprende y genera nuevas estrategias”, alertó.