La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desde su creación en el 2015 de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, se han librado 50 órdenes de aprehensión contra funcionarios acusados de ese delito. Sin embargo, los jueces únicamente aceptaron la acción penal en 29 casos y 21 fueron rechazadas.

De acuerdo con la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo penal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin: (entre otras cuestiones) cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona”.

Al responder una solicitud de información (0001700017018), en la que se le requirió el número de órdenes de aprehensión emitidas por parte de la Unidad, la PGR informó que “se han negado 21 órdenes de aprehensión y se han librado 50 órdenes de aprehensión por parte del Órgano Jurisdiccional con motivo del ejercicio de la acción penal”.

En su respuesta, la Procuraduría no ofreció detalles sobre los casos en los que se ejercicio la acción penal, ni aquellos en los que los jueces determinaron insuficientes las pruebas para ordenar la aprehensión.

El 15 de marzo pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe denominado “Doble injusticia” en el que observó violaciones graves de los derechos humanos y actos de tortura en el marco de las investigaciones de la PGR por el caso Iguala.

El informe del Alto Comisionado mencionó como un caso de tortura la muerte del presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, alías el Chiquis, quien falleció el 24 de octubre del 2014 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

Según el informe, mientras las autoridades de nuestro país informaron que el sujeto murió durante el enfrentamiento, en realidad falleció por ahogamiento (actos de tortura), cometido por los elementos de la Marina.

Sin embargo, la Procuraduría refirió que practicó el Protocolo de Estambul a los detenidos por el caso Iguala y “no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

No obstante, dijo que “existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”.

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