El coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho Solís reconoció que no hay nada qué hacer ante la decisión del Tribunal Electoral que ratificó la suspensión de derechos políticos a Gregorio Sánchez, "lo cual es incuestionable", sin embargo acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e iniciará un amparo para declarar inconstitucional el proceso.

En entrevista con Radio Fórmula, explicó que "tenemos dos vías jurídicas para seguir defendiendo los derechos políticos de Greg y una vía es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es iniciar un amparo, que declare inconstitucional una parte de este proceso, y eso permita, en su momento, intentar con posibilidades reales de éxito que se puedan anular las elecciones".

Y es que, recordó en Quintana Roo, las elecciones son el próximo 4 de julio, en 20 días, pero el candidato no va a tomar posesión como gobernador sino hasta los primeros días de abril. "Entonces, cualquier juez que demuestre que el procedimiento estuvo viciado, permitiría llevar a la anulación de la elección y eso significaría que tendrían que realizarse nuevas elecciones antes de que tome posesión quien resulte triunfador en el caso de Quintana Roo".

Opinó que la decisión del Tribunal "es la decisión final y sabemos que intentar algún recurso en contra de eso es inútil, sin embargo, no me parece que el tribunal haya procedido con el mismo criterio en Aguascalientes que en Quintana Roo; en Aguascalientes, para habilitar como candidato a Martín Orozco, invocaron las reformas recientes a la constitución del artículo 20, donde dice que no pueden retirarse los derechos políticos de un ciudadano si no es mediante una resolución ya final de un juez, es decir, mediante su condena".

En este caso, agregó, actuaron de manera totalmente diferente, porque aquí se fueron a la interpretación de un artículo mucho más antiguo, en donde en efecto, si alguien está detenido por un crimen grave no tiene derecho a participar, además de que también la parte de los tratados internacionales "la pasaron por alto porque es evidente que esos tratados internacionales de derechos humanos que afirmaron en México confían en el principio de la presunción de inocencia".

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