La Procuraduría General de la República (PGR) hizo lo mínimo indispensable para cumplir con la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en relación a la solicitud de datos sobre los policías relacionados con el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, exhibió Michael L. Evans, director de Proyecto Migración de México de la no gubernamental estadounidense Archivo de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés).

Al menos 17 policías locales participaron en la matanza de cientos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por la NSA con base en documentos recientemente desclasificados por la PGR.

Este lunes, expedientes de la Procuraduría General de la República fueron dados a conocer por la NSA, tras cuatro años de investigación por parte de esta organización estadounidense. Una tarjeta informativa fue otorgada luego que el Ifai resolviera a su favor. El documento exhibe la participación de policías de seguridad y tránsito del municipio de San Fernando como halcones del cártel de Los Zetas.

Inicialmente la PGR se negó a entregar la información solicitada, invocando la causal de reserva referida a la secrecía de las averiguaciones previas, reservando la información por 12 años. El Ifai revocó la decisión y ordenó a la PGR entregar una versión pública de los documentos con base en que la Ley de Transparencia en México prohíbe al Estado reservar información relativa a violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Michael L. Evans, coautor de la pesquisa, exhibió en entrevista telefónica que si bien la liberación de los datos es un paso para la transparencia y derechos humanos en México, la PGR sólo dio a conocer un documento del caso: Ello da la impresión que están haciendo lo mínimo posible para cumplir la resolución del Ifai .

La investigación surgió luego que en el 2010, funcionarios públicos nacionales encontraran los cuerpos de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, quienes, se presume, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por miembros del cártel de Los Zetas. En abril del 2011 las autoridades hallaron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes en la misma región.

De acuerdo con declaraciones de miembros de Los Zetas, detenidos y expuestos en la tarjeta informativa, los policías trabajaban como halcones y auxiliaban en el secuestro de personas, acciones por las que recibían un pago. Asimismo se tapaban los ojos ante sus actividades ilícitas.

Uno de los policías detenidos citados en el memo es Álvaro Alba Terrazas, quien confesó: Sé que los policías y tránsito de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar .

Para Michael L. Evans los hechos que rodean el caso de San Fernando siguen un patrón visto en los últimos años en el país. Al igual que el caso de Iguala, Guerrero, donde normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, las masacres en Tamaulipas son síntomas de la corrupción y la narcopolítica que ha consumido partes de México en la última década.

Asimismo indicó que este episodio abre la puerta para que, a través del Ifai, tanto el Instituto Nacional de Migración como la PGR liberen más información de éste y otros casos mediante la norma de transparencia que los obliga a divulgar información sobre derechos humanos.

De acuerdo con la normativa, cualquier ciudadano mexicano o extranjero puede pedir información pública a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). La solicitud puede ser presentada personalmente a la unidad correspondiente, enviada por mensajería a la Unidad de Enlace de la APF o registrarla vía electrónica, a través del Sistema de Solicitudes de Información.

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