El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa México afecta a la libertad de expresión.

Recordó que del año 2000 a marzo de 2018 se registra el asesinato de 138 periodistas y la desaparición de 21.

“Este incremento alarmante de homicidios, desapariciones, es un reflejo de lo que está pasando en el país. Hace algunos años la crisis de violencia se concentraba en algunas regiones de México y se ha ido extendiendo”, dijo durante la presentación de la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”.

No hay mejor antídoto, enfatizó, “que abatir la impunidad, los mecanismos (de prevención) ayudan pero no resuelven y hemos platicado muchísimo al respecto (...) el mejor antídoto es que haya consecuencias para quien atenta contra los periodistas”.

El ombudsperson indicó que los estados resienten la ausencia de un periodismo libre de violencia, ya que se utiliza el derecho penal “para acallar la libertad de expresión”, existiendo aún entidades donde existen aún delitos de calumnias y difamación. “También estas amenazas lesionan la libertad de expresión cuando alguien puede poner en riesgo su patrimonio porque va a ser demandado”.

González Pérez precisó que México enfrenta un panorama crítico para los derechos humanos, en el que no se exenta a la libertad de expresión, por lo que consideró que la recomposición de los poderes Ejecutivo y legislativos federales es una oportunidad para el replanteamiento de la política pública en seguridad y justicia. “También se inscribe en ello esta violencia contra los periodistas, pero bajo una visión integral, que atienda no sólo las manifestaciones más evidentes de la inseguridad y la violencia, sino también las causas estructurales de tales fenómenos”, expuso.

Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, dijo que no se puede hablar de verdadera democracia cuando se agrede y censura a la prensa con asesinatos, desaparición y tortura, violencia que, consideró, se ha normalizado, y no se garantiza la protección por parte de los ejecutivos federal y estatales.

En tanto, Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF), expuso que en 52% de las agresiones contra mujeres periodistas, éstas cubrían la fuente política, “lo que nos lleva a pensar que los que más agreden son funcionarios públicos”.