Al concluir la revisión al Estado mexicano en el marco del 127 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrantes de la Red Internacional de Derechos Humanos consideraron preocupante la ausencia de un representante de la Fiscalía General de la República que pudiera dar cifras precisas sobre sentencias y procuración de justicia en casos de tortura, ejecuciones, desapariciones de personas y otras violaciones graves a derechos humanos, además de cuestionar el entrenamiento militar que se le da a la Guardia Nacional cuando es un órgano de carácter civil.

“No hubo presencia de la Fiscalía lo cual resulta preocupante, siendo (la procuración de justicia) uno de los temas que todavía requieren de atención específica (…) Y también a raíz de la Guardia Nacional y cómo hacer frente a las posibles violaciones que la participación de las fuerzas armadas vayan a generar en este sentido”, enfatizó una de las representantes de la Red TDT, desde Ginebra, Suiza.

Y es que, previamente, 18 miembros expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo cuestionaron a integrantes de una delegación de funcionarios de nuestro país, enviada a la ONU, sobre la adhesión y el cumplimiento de México en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Integrantes de organizaciones, como AsiLEGAL, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Red TDT que integra varios organismos civiles de derechos humanos, consideraron que temas como la militarización y la Guardia Nacional tienen pendientes.

“Nos preocupó escuchar por parte de la Sedena y la Semar que había entrenamientos conjuntos entre fuerzas armadas y la Guardia Nacional, porque si son una guardia civil, la Sedena y la Semar no deberían estar implicados en el entrenamiento de esta fuerza”, expresaron.

Consideraron que hubo una variedad de cuestionamientos de los integrantes del comité sobre temas relacionados con graves violaciones a derechos humanos, e hicieron hincapié en el tema de la impunidad en la que éstas prevalecen y sobre los mecanismos que tiene el Estado mexicano para la rendición de cuentas.