Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó la admisión de la acción de inconstitucionalidad 64/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre las leyes de la Guardia Nacional.

La SCJN solicitó al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y al Poder Ejecutivo Federal rendir un informe de los antecedentes legislativos de la norma impugnada dentro del plazo de 15 días hábiles.

Además, a las autoridades mencionadas se les solicitó enviar al alto tribunal una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como un ejemplar del Diario Oficial de la Federación donde conste su publicación. De no cumplir con lo anterior, la Suprema Corte advirtió que se aplicará una multa.

El pasado 6 de julio, la CNDH presentó cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional, sobre el Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la CNDH, tales acciones de inconstitucionalidad tienen el propósito de contribuir a que el marco jurídico que debe regir la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.

“Para esta comisión nacional, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos (...) por lo que estima que el Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas”, consideró.

La Secretaría de Seguridad defendió que la formulación de las leyes, materia de la controversia, tiene un estricto apego a la Constitución y a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.