La confrontación entre el PAN y PRI se acentuó con las presuntas grabaciones telefónicas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en las que lo sorprenden compromometiendo recursos públicos para las campañas.

Tanto el espionaje político como el desvío de recursos públicos para las elecciones son delitos, pero uno y otro partido se acusan de la práctica de éstos.

El PAN culpa a Herrera y, a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, de intromisión en las candidaturas priístas usando recursos públicos, como prueba presentan grabaciones de conversaciones privadas de procedencia desconocida.

El PRI ataca al blanquiazul por espionaje político dejando de lado el contenido de las pláticas grabadas, que evidencian desvíos de recursos públicos.

La problemática desatada la semana pasada hizo que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, también se enfrentaran.

Quienes han venido exhibiendo estas llamadas como gran logro, que están en la ilegalidad, de dónde las obtuvieron; no nos hagan pensar o suponer que instituciones dedicadas a trabajos de inteligencia ahora las utiliza el gobierno y el partido en el gobierno para fines electorales , sentenció el Mandatario estatal.

El encargado de la política interna del país reviró: Con todo respeto, le digo al señor Gobernador que su sospecha no tiene fundamento. Ni el gobierno federal ni sus áreas de inteligencia están involucradas en cuestiones de espionaje político .

En el PRI, incluso, en las filas del PAN ya empiezan a sospechar del candidato del PAN-Panal a Gobernador de Veracruz y exfuncionario del Sistema de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Yunes, como responsable de que las grabaciones de Herrera salieran a la luz.

Cómo se castiga el delito

Las comunicaciones privadas son inviolables , dice la Constitución Política en su Artículo 16, de lo contrario se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas .

Pero también destaca que el Juez valorará el alcance de las comunicaciones, si las grabaciones contienen información relacionada con la comisión de un delito.

Mientras que el artículo 177 del Código Penal Federal establece: A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa .