Ante la Comisión de Justicia del Senado comparecieron candidatos a magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el Distrito Federal.

Los aspirantes propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron interrogados sobre cuáles serán las medidas que tomarían, en caso de ser elegidos, para fortalecer a esas instancias judiciales, cómo recuperar la confianza de la ciudadanía y la forma en que darán a conocer las sentencias emitidas, entre otros temas.

Al iniciar su exposición, Alejandro Cruz Ramírez aseguró que los principios de autonomía e independencia tienen que ser los ejes rectores en el desempeño de esos organismos.

Por ello ofreció una "visión renovada" en el ejercicio de la judicatura electoral a fin de proteger, respetar, salvaguardar o, en su caso, reparar los derechos de los ciudadanos.

Por su parte Armando Ismael Maitret Hernández indicó que es necesario elevar la calidad de las sentencias que emiten las salas regionales, pues de no estar correctamente fundadas, el Estado mexicano podría ser responsable de violaciones electorales ante organismos internacionales.

Andrés Vázquez Murillo señaló, a su vez, que es fundamental establecer las condiciones idóneas para la emisión de resoluciones comiciales, además de impulsar una estrategia de comunicación que permita dar a conocer sentencias claras y comprensibles.

En su oportunidad Janine Madeline Otálora Malassis consideró que para fortalecer la labor de las salas regionales es necesario crear una visitaduría judicial, que regule y supervise la función de esos órganos.

Para Mauricio Iván Del Toro Huerta, el principal desafío que enfrenta la justicia electoral es generar confianza en la ciudadanía, por lo que se debe valorar la función de las salas regionales, pues su prestigio, credibilidad y previsibilidad inciden directamente en la legitimación del sistema democrático y de gobierno.

Gabriel Mendoza Elvira propuso someter las sentencias al escrutinio público, a fin de que puedan ser entendidas y mejoradas, además de que los magistrados tienen que actuar con una "visión garantista" que proteja los derechos electorales de los ciudadanos.

Por su parte Héctor Romero Bolaños reconoció que existe una "mala percepción" de las salas regionales como consecuencia de la "deficiente difusión" de sus criterios, y ante este panorama se requiere consistencia en las resoluciones fundadas en la Constitución y en la ley.

Clicerio Coello Garcés manifestó que la confianza de los ciudadanos constituye uno de los retos más importantes de los órganos electorales, ante lo cual las sentencias deben contar con un sustento argumentativo sólido y estar disponibles al escrutinio del público y los partidos políticos.

En tanto que Jorge Alberto Orantes López consideró que en todo sistema democrático el derecho es la base fundamental para el control del poder político; es fundamental que existan reglas claras para la transparencia y la certeza de cualquier actividad electoral, de lo contrario no se conseguirá "una democracia absoluta".

El próximo 7 de marzo, los 15 magistrados que integran las cinco salas regionales del máximo Tribunal Electoral del país concluyen su encargo constitucional, por lo que la Suprema Corte envió al Senado sus propuestas, en ternas, para reemplazar a dichos funcionarios.

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