El nombramiento de un Comisionado para Michoacán no es garantía de que la entidad será rescatada. Los conflictos no se resuelven por decreto y podría resultar una más de las acciones fallidas que se han implementado en los últimos años; quizás peor, ya que en los hechos es una virtual desaparición de poderes, manifestaron ayer legisladores federales y del Distrito Federal del PRD.

Carlos Augusto Morales legislador federal, más los diputados locales Daniel Ordóñez, Efraín Morales y Esthela Damián, coincidieron en que lo que Michoacán necesita es justicia social, la justicia genera confianza y la confianza legitimidad. Cuando todo esto suceda, seremos capaces de comenzar a reconstruir las instituciones del Estado , puntualizaron.

Para los cuatro legisladores, el nombramiento y poderes otorgados a Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán no es más que una virtual desaparición de poderes . Agregaron, que rechazan que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto haya extendido una carta en blanco al Comisionado para actuar.

El decreto por el que se creó dicha Comisión presenta graves omisiones como: falta de certeza de un plan integral y objetivos específicos que permitan la rendición de cuentas de Alfredo Castillo, a quien se le han otorgado poderes más allá de los correspondientes al propio Gobernador estatal, además que falta de temporalidad bien definida del objeto del nombramiento, lo que refleja falta de planeación.

Por tanto, los diputados federal y local demandaron complementar el citado decreto, a efecto de que contemple un mecanismo de rendición de cuentas para informar puntualmente al Congreso de la Unión y de Michoacán, así como a la ciudadanía, y definir el tiempo que habrá de funcionar.

Añadieron que al ser ésta una figura creada mediante un decreto, se deben establecer bases muy claras sobre las metas u objetivos concretos de su labor, así como los tiempos específicos para que el comisionado informe de los avances de sus tareas.

Michoacán tiene un problema fundamental: la falta de un objetivo claro por parte de los gobiernos estatal y federal, frente a la violencia y el resquebrajamiento institucional. Lo que es más: ni siquiera parece haber un diagnóstico bien definido ni mucho menos una estrategia para atacar las causas del fenómeno , expresaron.

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