En su primera resolución desde que fue creada, el año pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio luz verde a la reparación del daño a una persona que pasó 21 meses en la cárcel, al ser obligada por autoridades federales a confesar que pertenecía a una organización delictiva.

En sesión ordinaria, los cinco comisionados en funciones que integran el pleno de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, Adrián Franco Zevada, Susana Pedroza de la Llave, Julio Hernández Barros y Carlos Ríos Espinosa, aprobaron otorgar una compensación de 805,582.65 pesos que saldrán del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para la afectada, de quien se reservó su identidad.

La Comisión determinó que la mujer fue víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, específicamente por falta al debido proceso y a la libertad personal, así a como a sus padres víctimas indirectas.

La víctima directa -identificada como V-001, fue detenida de manera arbitraria por autoridades federales y obligada a confesar que pertenecía a una organización criminal. Por dicha acusación, la víctima pasó 21 meses en prisión antes de que el juez le dictara sentencia absolutoria y determinara que hubo violaciones a sus derechos humanos.

Estos hechos afectaron profundamente a la víctima directa en el ámbito laboral, económico e incluso social, pues fue dañada su reputación por haber sido señalada como delincuente; así mismo, sus familiares sufrieron daño moral , destacó.

La Comisión determinó que para conocer la verdad de los hechos de que fue objeto, instruyó a la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal para dar seguimiento a los procedimientos que lleven a determinar la responsabilidad de los servidores públicos que llevaron a cabo la detención.

Y para la no repetición, ordenó que las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Vinculación Interinstitucional de la CEAV generen los mecanismos de coordinación con las instituciones idóneas para que, de considerarlo pertinente, se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la institución involucrada, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de sus capacidades y salvaguardar los derechos humanos.

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