El gobierno federal estará obligado a incluir la prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones en las políticas de educación, como parte de la nueva Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que además considera un capítulo para la atención y reparación del daño a víctimas.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), confirmó ayer que la SEP deberá modificar sus planes de estudio para que se imparta Civismo y Cultura del Respeto.

La ley que ayer entró en vigor establece en su artículo 10 que la prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad.

Para ello, el gobierno estará obligado a impulsar programas formativos dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones en políticas de educación, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales que aseguren la sostenibilidad de los programas preventivos.

Así, la SEP deberá desarrollar un reglamento con las políticas educativas, dentro de los planes de estudio, dirigidas a los alumnos.

AVANZA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS

El artículo 11 de la misma ley ordena que el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización .

Precisa que la atención inmediata y efectiva deberá ser en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por los derechos y la seguridad de las víctimas en forma prioritaria.

LÍNEAS DE LA LEY

ONG y sociedad a la cultura de prevención: la participación ciudadana y comunitaria en acciones para establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Mejoramiento de espacios públicos: mejorar y regular el desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia.

Mapas de riesgo: elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en colaboración con otras autoridades sobre la base de la información recabada por el Centro Nacional, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades.

Redes vecinales: La participación ciudadana y comunitaria, organizada o no organizada se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los consejos de participación ciudadana, en el Centro Nacional o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

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